Encuentran el cuerpo sin vida de un preso de 23 años en la cárcel de Zaballa

Salhaketa ha advertido de la muerte de un preso en Zaballa. El fallecido tenía 23 años y llevaba cuatro años en prisión. «Una tragedia evitable que engrosa las macabras cifras de personas muerta en prisión, la mayoría jóvenes que aparecen muertos por motivos no naturales en las cárceles españolas».

Ion SALGADO|GASTEIZ|2020/07/21
Zaballa
Vista de la cárcel alavesa de Zaballa. (Juanan RUIZ | FOKU)

Salhaketa ha informado este martes de la muerte de un preso en la cárcel de Zaballa. Se trata de un joven de 23 años, con residencia en Araba, que respondía a las iniciales L.F.B.C. y llevaba cuatro años en prisión. Su cuerpo fue encontrado sin vida el pasado viernes, 17 de julio.

«Una nueva muerte en la macro-cárcel alavesa de Zaballa. Una tragedia evitable que engrosa las macabras cifras de personas muerta en prisión, la mayoría jóvenes que aparecen muertos por motivos no naturales en las cárceles españolas. Este hecho luctuoso, no notificado por Instituciones Penitenciarias, representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles», ha denunciado la asociación, que ha censurado la «sistemática política de ocultamiento de estas muertes y sobre todo a raíz de la epidemia de la covid-19».

«No se facilita ningún tipo de información pública, como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que está acabando con la vida de estos jóvenes, en el seno de instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ocultan estas muertes? ¿Por qué no se exigen responsabilidades o al menos se investigan? ¿Ocurriría lo mismo si las víctimas fueran otras? ¿Se pueden tolerar impunemente estas muertes en el seno de una institución del estado como es el sistema penitenciario?», se ha preguntado en un comunicado.

La asociación ha incidido en que le preocupa «la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades políticas y judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes». «Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente», ha añadido antes de reclamar que el Ministerio Fiscal «no se inhiba e investigue siempre de oficio estas muertes la mayoría de ellas en extrañas circunstancias, tal y como le corresponde, para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos las mismas, con el fin de depurar las responsabilidades políticas, administrativas y penales que se desprendan de estos hechos».

También ha reclamado que que las direcciones de las prisiones «informen con imparcialidad a las familias y no se limiten a buscar que se incinere el cadáver para poder evitar autopsias posteriores que esclarezcan las circunstancias en la que se han producido las muertes»; y que se faciliten a las familias «todos los apoyos necesarios para poder solicitar las responsabilidades civiles y penales que se desprenden del mal funcionamiento de la administración de justicia, así como el apoyo sicosocial que se ha de prestar a las víctimas de la cárcel al igual que al resto ante el estado de golpe shock que provoca la muerte de su familiar en prisión».

Asimismo, ha exigido que que se desarrollen medidas de sustitución en fase procesal y suspensión condicional de la condena en fase ejecutoria por el cumplimiento en programas de deshabituación de las drogodependencias dentro y «sobre todo» fuera de las prisiones, ya que «han demostrado su mayor eficacia en la prevención y lucha contra el delito y contra las consecuencias que el actual cumplimiento de condenas tiene en relación con la violación de los derechos humanos en especial a la vida en las cárceles».

«Las cárceles son espacios de riesgo para la aparición y agravamiento de las drogodependencias que asociadas con determinadas enfermedades mentales en condiciones de encierro prolongado y de desesperación son el caldo de cultivo más propicio para el deterioro del estado de salud de las personas presas y en ocasiones con consecuencias mortales», ha añadido, y ha insistido en la «inmediata excarcelación, tal y como contempla la ley, de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio. Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel que en muchas ocasiones es genera problemas de desequilibrio y enfermedad mental».

Además, ha reclamado la reforma de la legislación penal y penitenciaria «que alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional que son las formas de cumplimiento más acordes con el objetivo final que la ley otorga a las penas privativas de libertad». «El incremento de las muertes en prisión se da en proporción directa con el alargamiento de las condenas y con las modificaciones legislativas tendentes a la restricción en el acceso a beneficios penitenciarios», ha manifestado, y ha exigido «la reducción del número de reos hasta la capacidad óptima de cada prisión para evitar la actual masificación, que, aunque no es el único, si es uno de los motivos que influye en estas muertes».

Cabe recordar que el año pasado perdieron la vida cinco presos en Zaballa. El 16 de enero falleció un preso por una posible sobredosis, el 7 de febrero se informó de un suicidio en aislamiento, el 1 de abril de un ahorcamiento, el día 25 de ese mismo mes de una muerte por «causas sin determinar» y el 19 de setiembre se notificó otro hecho luctuoso, otra muerte provocada por una supuesta sobredosis.