Primero en el sur de país y tres días más tarde en el norte, la población de Euskal Herria fue obligada a confinarse para hacer frente a la expansión del coronavirus. El 12 de marzo, un día después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase la pandemia, el cierre de centros educativos por parte de todas las administraciones competentes alertaba de la dimensión de las medidas que se iban a adoptar.

Mascarillas, geles, balcones como espacio de socialización, toque de queda, restricciones a la movilidad, hasta el abastecimiento de papel higiénico, pasaron a ser temas informativos de primer orden, como el de aquellos que con cargos de responsabilidad se saltaron las estrictas medidas impuestas a la mayoría. Quedaba mucho aún para las campañas de vacunación, con los consiguientes movimientos en contra con teorías conspiranoicas.

El Consejo de Ministros del Ejecutivo español se reunió de manera extraordinaria el 14 de marzo para aprobar un real decreto ley que impuso durante quince días el estado de alarma, que posteriormente fue prorrogado. Aquella decisión excepcional se prolongó hasta el 21 de junio de 2020. Se cerró hostelería, comercio minorista en general, todos los hospitales quedaron bajo control público, la actividad educativa presencial quedó en suspenso y se garantizó el suministro de alimentos, luz y gas.

En Ipar Euskal Herria, ese 14 de marzo se clausuró la hostelería, centros culturales y deportivos, así como los comercios no esenciales, para acabar con el confinamiento total tres días después. Tras el verano, el 28 de octubre llegó un nuevo confinamiento, que finalizó el 15 de diciembre, aunque las restricciones –algunas más estrictas que en el sur– y las críticas de los sectores afectados se mantuvieron.

Con la primera declaración de estado de alarma se abrió la puerta a implementar medidas inéditas para tratar de frenar la expansión del coronavirus

En Hego Euskal Herria, la superación de todas las fases del plan de desescalada, refrendado el 28 de abril de 2020, determinó que quedaran sin efecto las medidas que llevaba aparejadas, aunque se dictaron otras nuevas al objeto de controlar la crisis sanitaria y sus graves consecuencias.

En julio de 2021, en una votación muy ajustada, el Tribunal Constitucional español declaró ilegal el primer estado de alarma, entre marzo y junio del año anterior, coincidiendo con la primera ola de la pandemia, estimando parcialmente un recurso de Vox. Así se determinó que eran inconstitucionales restricciones en relación a la circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas, así como el cierre de la actividad comercial y recreativa, equipamientos culturales, hostelería y restauración.

Más tarde, comerciantes y hosteleros emprendieron acciones judiciales reclamando indemnizaciones por los perjuicios originados por las «medidas discriminatorias». Al igual que las disposiciones se fueron implantando en cascada, con el tiempo llegaron las resoluciones de los tribunales que tumbaron muchos de los recortes.

Durante la situación denominada de «nueva normalidad», se tomaron o mantuvieron una serie de decisiones urgentes de prevención, contención y coordinación, para permitir seguir haciendo frente y controlar la pandemia. Una de ellas fue el toque de queda que obligaba al confinamiento domiciliario, cuyo horario fue motivo de controversia.

Esa etapa estuvo vigente hasta que el gabinete de Pedro Sánchez aprobó el 25 de octubre de 2020 declarar el estado de alarma en todo el Estado español. Su duración inicial era hasta el 9 de noviembre de 2020 y fue prorrogado hasta el 9 de mayo de 2021. El Consejo de Ministros refrendó el 5 de julio de 2023 un acuerdo que declaró el fin de la crisis sanitaria.

Con la primera declaración de estado de alarma se abrió la puerta a implementar medidas inéditas en las últimas cuatro décadas para tratar de frenar la expansión del coronavirus.

El contexto era preocupante al confirmarse el exponencial crecimiento de casos de coronavirus en Euskal Herria. El país se situaba por detrás de Italia, el estado europeo más castigado entonces en el porcentaje de casos confirmados. El covid-19 arrasó con la agenda cotidiana ciudadana y diluyó la previsión política y económica. Iñigo Urkullu y Emmanuel Macron, por ejemplo, cedieron el 16 de marzo de 2020 a la evidencia y congelaron la convocatoria de elecciones mientras muchas industrias cesaban en su actividad.

Según un análisis del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de la CAV que se hizo público en diciembre de 2020, el 30% de las y los trabajadores del sector privado de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se vio afectado por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). En total, según esos datos, fueron 188.130 personas.

En aquella primera jornada de un periodo excepcional, en el que la sociedad vasca se enfrentaba al mayor reto de salud pública de la historia contemporánea, el director de GARA, Iñaki Soto, abordaba en un extenso artículo de opinión la responsabilidad que adquiría este proyecto comunicativo como servicio público cuidando el enfoque propio y los retos a los que se enfrentaba en aquella coyuntura en medio de un expolio. Los y las redactoras marchamos a casa para cuidar de los nuestros y a trabajar a la vez para nuestra comunidad y la sociedad vasca en general. Objetivos cumplidos afortunadamente.

Qué pasa con los «sin techo»

Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente pudieron circular por las vías de uso público para la realización de actividades como ir a trabajar, atender a familiares o adquirir alimentos. Las medidas de confinamiento dejaron al descubierto las carencias del sistema, ya que no se contempló qué pasaba con las cientos de personas «sin techo» que no disponían de un hogar donde recluirse.

El psicólogo y divulgador Igor Fernández, colaborador del semanario Zazpika, exponía en una entrevista en GARA cómo abordar la gestión del miedo. «Solo necesitamos llegar al supermercado, que esté lleno y falte el papel higiénico para que se despierte una fantasía, una anticipación catastrófica apoyada en lo que hemos visto en una película», apuntaba el también psicoterapeuta.

Obligados a permanecer en nuestros hogares, los balcones se convirtieron en un espacio privilegiado para disfrutar de la luz solar y socializar

Obligados a permanecer en nuestros hogares, los balcones se convirtieron en un espacio privilegiado para disfrutar de la luz solar, mientras los especialistas advertían de la importancia de cuidar la alimentación y realizar ejercicio físico para reforzar el sistema inmunitario.

En ese afán por profundizar en los escenarios que estaba deparando la emergencia socio-sanitaria, la profesora de autodefensa feminista Maitena Monroy expuso en un artículo de opinión qué debía hacer una mujer si estaba aislada con un maltratador, algo que consideró «terrible».

A aquellas que no hubieran podido buscar un entorno seguro, les emplazaba a que era importante que «el pánico no se apodere, en estos momentos, de nuestras decisiones, porque pueden volverse decisiones que pongan más en riesgo nuestras vidas y las de otras personas que dependan de nosotras». Monroy incidía en que para acabar con el coronavirus y la violencia machista «es imprescindible la solidaridad colectiva».