Al respecto ha apuntado que el trabajo previo realizado en el herrialde les ha permitido actuar con más rapidez.

Así lo ha señalado durante una comisión parlamentaria a petición propia para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por su departamento con motivo de la covid-19, donde ha valorado que el trabajo previo realizado en esta materia les ha permitido flexibilizar las medidas ya existentes en contra de crear una línea de ayudas.

«Desde el primer momento tuvimos claro que lo más urgente era que la situación de excepcionalidad no supusiera un perjuicio para las familias inquilinas de alquiler protegido ni para las promotoras de proyectos de rehabilitación que estuvieran pendientes de recibir subvención», ha indicado.

En circunstancias como esta, ha añadido, es «cuando se pone en evidencia la importancia de la apuesta de este Gobierno por el valor de uso y la función social de la vivienda frente a primar a la vivienda por su valor de cambio», por lo que no ha sido necesaria una línea específica porque «ya teníamos un marco que nos permitía responder de una manera muy rápida».

Ha recordado que una semana antes de que tomase medidas el Gobierno español, el Ejecutivo navarro aprobó un decreto ley «para proteger a las personas más vulnerables en el ámbito de la vivienda» que se dirigía principalmente a «facilitar la pervivencia de los expedientes en curso de promoción de vivienda protegida y rehabilitación protegida» y a ayudar a las familias en alquiler.

Para ello, se contempló el incremento de las subvenciones hasta el máximo del 75% de la renta con carácter general para las unidades familiares de alquiler protegido que ya recibieran algún tipo de ayuda y la renovación automática respetando las mismas condiciones de todos los contratos de arrendamiento que vencieran durante el periodo del estado de alarma.

Asimismo, se ampliaron los programas EmanZipa y DAVID eliminando requisitos como la edad, tener menores a cargo y llevar inscritos al menos un año en el censo y el 20 de mayo se extendieron a los autónomos que hayan tenido que cesar su actividad o hayan bajado drásticamente su facturación y a los trabajadores en ERTE.

«La concesión de ayudas de estos dos programas ha ido creciendo durante estos últimos dos meses» y hasta el 15 de mayo se aprobaron 396 ayudas, ha indicado.

En concreto se han aprobado 38 prestaciones Emanzipa y 206 DAVID, acumulándose ya en lo que va de año 2.270 ayudas concedidas a personas jóvenes y familias vulnerables.

Además, junto con Políticas Migratorias, habilitaron 30 viviendas temporales para familias en situación de confinamiento derivadas por los Servicios Sociales de Base.

En rehabilitación, el volumen de trabajo ha aumentado y se han tramitado hasta 357 expedientes en un mes, mientras que la dirección de Ordenación del Territorio ha iniciado durante este periodo 41 expedientes en suelo no urbanizable y ocho nuevas modificaciones de PSIS.

En lo que respecta a Urbanismo, se ha intervenido en 75 expedientes informados en distintas fases de tramitación, se han adelantado 37 expedientes de subvención de planeamiento a ayuntamientos y elaborado las bases de la convocatoria para la subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras.

Para posibilitar esto, ha dicho, «el Gobierno movilizó y adaptó en muy pocos días los medios técnicos necesarios» y «se están habilitando los medios físicos de protección requeridos para garantizar las medidas preventivas necesarias» para permitir la vuelta a sus puestos de trabajos del personal.

Muy crítico con las medidas implementadas en materia de vivienda ha sido Jorge Esparza, de Navarra Suma, quien ha asegurado que Nafarroa «tiene hoy las peores ayudas de todo España» tras «parchear los programas» que ya había.

Arantza Biurrun, del PSN, ha hecho una valoración positiva de la gestión en materia de vivienda «tanto por la rapidez como por las medidas concretas» poniendo en valor que en Nafarroa «ya existían unos programas que nos han permitido responder más rápidamente».

Por parte de Geroa Bai, Ana Ansa también se ha mostrado satisfecha con la gestión haciendo hincapié en que no podría haberse hecho sin «una más que aceptable situación de partida».

Desde EH Bildu, Maioga Ramírez ha considerado que «no podemos ser optimistas con respecto a lo ya realizado» destacando que «no se puede admitir que hay viviendas vacías al tiempo que hay gente que no tiene vivienda» e insistiendo en que «es fundamental» establecer un censo de viviendas vacías para «activarlas o penalizar a las que no estén cumpliendo su objetivo social».

Mikel Buil, de Podemos, ha hecho referencia también a la labor realizada que ha posibilitado cubrir las necesidades causadas por esta crisis y ha reflexionado sobre que «la gente está más preocupada de subsistir que de pedir libertad» cuando «las únicas manifestaciones vienen del barrio de Salamanca».

Desde I-E, Marisa de Simón ha aludido a la necesidad de crear un censo de viviendas vacías que incluya a los grandes tenedores y ha apostado por el fomento del alquiler frente a la compra, asumiendo que las medidas implementadas han sido «oportunas y necesarias, lo cual no quiere decir que haya que tomar mas».