El tribunal de la Audiencia Nacional española que ha juzgado la masacre del ideólogo de la Teología de la Liberación Ignacio Ellacuría y otros jesuitas españoles en 1989 en El Salvador considera culpable a Inocente Orlando Montano, coronel salvadoreño y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, y le ha condenado hoy viernes a la pena de 133 años y tres meses de cárcel.

En la lectura pública de la sentencia se le condena así como responsable de 5 delitos de «asesinato de carácter terrorista». Por cada asesinato se le condena a una pena de 26 años, 8 meses y un día de reclusión mayor.

Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de militares salvadoreños ejecutaron al sacerdote vasco Ignacio Ellacuría y a otros cinco jesuitas, cuatro de ellos de nacionalidad española, así como a la mujer y la hija de 15 años de edad del guardia de la sede de la Universidad Centroamericana (UCA) en San Salvador.

Montano ocupaba entonces el cargo de viceministro de Seguridad Pública de El Salvador en aquel momento y hacía campaña contra la orden religiosa acusándola de subversiva. Durante su declaración en la Audiencia Nacional negó su vinculación con los asesinatos.

Mediadores en la guerra civil

Según el auto de procesamiento dictado en su día, la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de «intensa polarización» entre el Gobierno militar de El Salvador y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un proceso de diálogo y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a «una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin».

La decisión de acabar con la vida de Ellacuría, rector de la UCA, y el resto de jesuitas fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denominado La Tandona, al que Montano pertenecía. El coronel fue extraditado por EEUU en 2017 y desde entonces ha estado en prisión a la espera de la celebración de este juicio.

Cinco sacerdotes –además del propio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, todos ellos de entre 47 y 59 años –tenían nacionalidad española, de ahí que el caso llegara a la Audiencia Nacional, ya que es competente para investigar crímenes contra ciudadanos del Estado español en el extranjero.

Reacciones al fallo

Amnistía Internacional ha apuntado que este «fallo histórico es un paso importante en la búsqueda de la justicia que, por décadas, ha sido negada en El Salvador a las víctimas del conflicto armado». «A través de las pruebas y los testimonios presentados, ha quedado patente el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada, y en cierto modo el Estado salvadoreño, frente a las gravísimas vulneraciones de los Derechos Humanos cometidas durante la guerra civil en El Salvador», ha aseverado.

Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha incidido en que la sentencia supone una «clara contribución» a la justicia y la reparación. «Aunque 31 años después, supone una clara contribución al cumplimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que tienen todas las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos», ha manifestado.