El episodio que estuvo a punto de suceder el pasado jueves en el Congreso, cuando el TC estuvo tentado de impedir un debate parlamentario, es el termómetro más exacto del clima en el que se ha instalado la derecha española. Un paso como el que algunos magistrados del alto tribunal estaban decididos a dar hubiera podido suponer el enfrentamiento de los poderes del Estado y quien sabe si la retirada de su reconocimiento mutuo, un escenario que, por decirlo claro, no ocurre en los países donde se considera que hay democracias estables.

Con todo, es absurdo hablar de una situación inédita o excepcional, porque hay antecedentes recientes de un comportamiento así por parte del mismo órgano, solo que en el Parlament catalán. Los magistrados no solo han recortado las competencias reconocidas y consolidadas de Catalunya, sino que han cambiado su procedimiento para vetar previamente debates, votaciones e incluso investiduras. Desde 2015, todos los presidentes de la Cámara han recibido advertencias penales por tramitar iniciativas políticas.

Hay quien cree que señalar esto tiene como objetivo volver al machacón e improductivo «ya os lo dijimos». Pero nada más lejos de mi intención. En realidad el valor que tiene recordar hoy la situación en Catalunya es rastrear y comprender los orígenes de un descontrol del poder judicial que ahora preocupa mucho más allá de las fuerzas independentistas. El Constitucional rompió la separación de poderes bajo la capa de legitimidad que le confería la lucha contra el procés, pero era difícil que se quedara ahí.

La situación que ahora vive el Estado al completo no se entiende sin la hipertrofia judicial a la catalana y por eso es difícil que se solucione en el conjunto sin revertir el foco. Desandar ese camino solo puede pasar por relegitimar la acción de la política, esto es, del poder legislativo, que no está subordinado al judicial. Y eso debe servir también para el Parlament catalán, por mucho que tenga unas mayorías que no sean del gusto de algunos jueces.