La oficialidad del catalán, gallego y euskara en la Unión Europea es una demanda tan justa como difícil de lograr. La justicia se explica sola y no es necesario entrar en argumentos habituales como el número de hablantes, las razones históricas o la necesidad de conservación. Es más simple: las lenguas de pueblos europeos, como son el catalán, el euskara y el gallego, deben tener el mismo reconocimiento en la máxima institución europea que las de cualquier otra nación europea, tengan o no un Estado propio detrás.La cuestión jurídica y política es más compleja. Para resumir, recordemos que la oficialidad plena necesita el sí de 27 Estados, una unanimidad siempre espinosa. O que el catalán ya fue rechazado como candidato en tiempos de Zapatero bajo la interpretación, aún vigente, de que haría falta modificar el Tratado de la UE. O que en el continente los partidos en auge son extremas derechas variopintas que, pese a sus matices, suelen ser hostiles a estos idiomas.Si el debate sobre la oficialidad está sobre la mesa es porque Puigdemont ha tenido mucho interés en él y Sánchez, dicen, se lo ha tomado en serio. Pero, tras varios intentos infructuosos, es hora de preguntarse si tiene sentido mantener esta apuesta. O, al menos, si es la batalla que debe centrar los esfuerzos. Primero, porque es discutible que la oficialidad en la UE sea lo que más urge al catalán, gallego y euskara. Pero, además, porque el envite europeo se ha convertido en excusa para no hacer más. Las lenguas minorizadas necesitan protección y promoción dentro del propio Estado. Y blindaje contra la agresión judicial en ámbitos como la educación, la cultura o los medios, incluyendo internet. El Gobierno prometió una ley orgánica de plurilingüismo que está en un cajón desde hace dos años y que, negociada con ambición, podría acabar siendo mucho más útil que un reconocimiento poco más que simbólico en Bruselas.
