La ley catalana del cambio climático fue pionera cuando en el año 2017 se convirtió en la primera de este tipo en aprobarse en el Estado español. Entre otras medidas la norma preveía un ambicioso calendario para implantar una fiscalidad verde que tasara cosas coma las instalaciones de alto impacto medioambiental o los vehículos según sus niveles de contaminación. Pero estos buenos propósitos nunca acabaron de arrancar. Primero por un recurso al Constitucional, después porque llegó la pandemia. Finalmente el año pasado comenzó a aplicarse el impuesto al CO2, pero esta semana el Govern ha dejado congelado su desarrollo debido a las tensiones inflacionarias por la guerra en Ucrania.

Ese mismo motivo había llevado una semana antes al Gobierno español a aprobar un decreto para tratar de contener los precios de la energía y a ayudar a los transportistas, que estaban en huelga tras observar cómo su negocio se ahogaba por el coste del carburante. Pero Pedro Sánchez fue más allá y en un arranque populista no solo aplicó una rebaja de 20 céntimos por litro a los profesionales del volante sino al conjunto de los conductores, es decir, a la fracción de la población que tiene un coche. Un sector que en muchos casos no coincide con la gente de menor renta, por lo que la decisión ni es verde ni es redistributiva, sino lo contrario.

Esto ocurre cuando los científicos vuelven a lanzar una alerta desesperada sobre la emergencia climática que ya no saben cómo hacer que importe a una opinión pública saturada de malas noticias. Ahora es posible, dicen, pero mañana será tarde. Y mientras eso pasa, nosotros nos empeñamos en buscar razones para aplazar las medidas impopulares cinco minutitos más. Pero si uno las busca, siempre encontrará excusas. Y cada vez más. Es absurdo utilizar como pretexto la pandemia, la guerra o un cataclismo, entre otras cosas porque los episodios climáticos extremos van a ser cada vez más habituales. Así llegamos a la paradoja de decir que no podemos hacer nada por el clima porque la situación climática nos lo impide. Y mientras tanto, subvencionamos el coche, porque qué más da.