Existe una línea de continuidad en la impunidad del Estado español que va desde «Billy el niño» y sus antecesores hasta los policías que meses atrás acusaban a 36 jóvenes independentistas en una sala vacía por el rechazo de las víctimas a escuchar a sus torturadores. Fueron las mismas comisarías y los mismos tribunales de excepción desde los que se mató, torturó y amparó (se sigue haciendo) violaciones de los Derechos Humanos en el contexto de la «guerra del norte». Y en este ámbito, acierta Baltasar Garzón al llamar la atención sobre la cínica categorización que establece víctimas de primera (las de las acciones de ETA) y de segunda (las del franquismo). El problema es que, en los malabarismos que le exige su propia responsabilidad, excluye a un tercer colectivo al que no solo no se repara, sino que se le niega su propia condición de víctima, invisibilizándolo al rechazar la existencia misma de sus padecimientos. Garzón lo sabe, porque estaba allí. ¿Cuántos torturados han pasado tras días de infierno por el despacho del magistrado, ahora convertido en campeón de las libertades por una izquierda española carente de empatía? En una Comisión de la Verdad vasca el antiguo juez estrella también tendría que estar presente. Pero para explicar su parte y reconocer el dolor causado.