El anuncio de los presupuestos del gobierno Barnier no ha supuesto ninguna sorpresa, más allá de que mientras el cinturón se aprieta en sanidad, educación y servicios sociales, se afloja sin rubor en materias tan vitales para el país como el Elíseo o el Parlamento, que tendrán más para gastar este próximo año porque, evidentemente, los ciudadanos necesitan «instituciones fuertes». Poco importa que las urgencias de los hospitales tengan que cerrar porque no hay cómo pagar médicos y enfermeras, o que en miles de escuelas escaseen profesores. Las prioridades no están ahí, sino en seguridad y en defensa. En esa dirección van los dineros y los esfuerzos legislativos, como confesó la nueva portavoz gubernamental, Maud Bregeon, que anunció ayer una nueva ley de inmigración estimando que no tiene que existir ningún tabú cuando lo que está en juego es la seguridad de los franceses. En un truco barato de ilusionismo, han logrado privar de derechos y bienestar a los ciudadanos de a pie haciéndoles creer que los responsables de su situación no son los que les gobiernan, sino los inmigrantes, intrínsicamente malvados, que llegan para quitarles sus casas, sus hijas, su lengua, su país y su futuro. Y luego hay quien se extraña de que la ultraderecha avance en votos. Cómo no va a hacerlo con semejantes presupuestos.
