PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU han aprobado una iniciativa en la que instan a Lakua a avanzar en el desarrollo de la Estrategia de Gobernanza de Datos del Sector Público, que deberá incluir, «como primer paso, la aprobación de un ‘Manifiesto Ético del Dato’ que garantice los principio éticos y valores que deben regir la gestión y el uso de los datos en la Administración Pública Vasca».

Además, siguiendo la normativa europea al respecto y dentro del ‘Manifiesto Ético del Dato’, han pedido al Ejecutivo que ponga en marcha un Registro Público de Algoritmos «accesible y transparente que incluirá todos los algoritmos y sistemas de Inteligencia Artificial utilizados en las Administración Pública, así como en las entidades privadas cuando presten servicios públicos mediante cualquier forma de gestión directa o indirecta a estas».

Por último, los grupos han pedido al Gobierno autonómico a «tener en cuenta las bases y criterios del ‘AI Act’ recientemente aprobada en el Parlamento Europeo en todas las decisiones que se adopten con relación a la Inteligencia Artificial, incluyendo el control humano y garantizando un uso ético, seguro, responsable y no discriminatorio de los datos».

Así lo recoge una enmienda de transacción fruto de la moción presentada por EH Bildu, que boca de Lore Martínez, ha citado los debates que se han abierto sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial y los riesgos que podría suponer. «¿Están exagerando o hay motivos?», ha preguntado antes de señalar que, si bien en el ámbito de la medicina se realizan ensayos exhaustivos antes de lanzar al mercado un nuevo producto, en el tecnológico no se toman estas precauciones.

«Ha sucedido con el ChatGPT, que en Italia ya lo han prohibido: no se ha testado si cumple la protección de datos personales, no se han analizado sus posibles perjuicios o beneficios, ha ido directo al mercado y ahora, cuando ya lo utilizan millones de personas, se empiezan a dar cuenta de que igual no cumple las condiciones mínimas necesarias», ha apuntado antes de reclamar un «prospecto algorítmico. Igual que en de los medicamentos pero destinado a los sistemas de Inteligencia Artificial».

En el mismo sentido se ha pronunciado Gustavo Angulo, de Elkarrekin Podemos-IU, quien ha alertado de que la capacidad de transformación de la Inteligencia Artificial «conlleva bastantes riesgos». «Ni siquiera sus creadores pueden predecir o controlar de forma fiable esta tecnología», ha indicado antes de ceder la palabra a Txarli Prieto, del PSE, que ha dado cuenta de un uso creciente de la Inteligencia Artificial tras la pandemia de covid.

«Con este uso creciente se suceden las voces de alarma, incluso entre sus creadores, y se detectan espacios sin control», ha destacado y, si bien ha rechazado la idea de detener el progreso y la evolución tecnológica, sí ha abogado por establecer un control público «como garante de que su uso sea ético». «La tecnología al servicio de las personas en lugar de las personas atrapadas por la tecnología», ha manifestado.

Desde el PNV, Gorka Álvarez ha detallado los pasos dados por la Administración para proteger los derechos y la intimidad de la ciudadanía, que comenzó con el desarrollo en 2016 del Reglamento General de Protección de Datos. «Fue la base para todo lo que vino posteriormente», ha indicado antes de destacar la designación del primer delegado de Protección de Datos en abril de 2018 y la aprobación de dos planes estratégicos: el Plan TIC y Ardatz 2030.

La derecha española, en contra

La derecha española ha votado en contra de la creación de un registro de algoritmos. «En vez de centrarnos en construir registros fiscalizadores de los sistemas de Inteligencia Artificial que hacen otros o que vienen de fuera, ¿por qué no invertimos de verdad en Inteligencia Artificial y aprovechamos el tirón a nivel global?», ha preguntado José Manuel Gil, parlamentario de la coalición formada por PP y Ciudadanos, reparando únicamente en los beneficios económicos de un fenómeno «trasnacional».

«Por eso no tiene sentido que cada región intente inventar la rueda. La regulación debe ser por lo menos europea, y, de hecho, ya lo está siendo», ha aseverado.