A pesar de que la mayoría de personas consumidoras no la veamos, la reduflación existe. Y es así porque, ante la alarmante subida de precios que en los últimos tres años se ha desatado, muchos fabricantes han recurrido a diferentes “camuflajes” para tratar de amortiguar el impacto que las subidas de precios podían tener sobre las ventas.

Ya veníamos denunciando los recortes, tanto en la cantidad (reduflación) como en la calidad de las materias empleadas (cheapflación). Pero ni esto, ni las voces de varias organizaciones de consumo denunciándolo doblaban el brazo a las todopoderosas alimentarias, así que al gobierno de turno ya no le queda otra que seguir los ejemplos europeos (Estado francés y Alemania) y mojarse con una Proposición de ley que modifique la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que nos permita identificar estas prácticas de reduflación y cheapflación.

¿Qué vamos a conseguir? Que, «cuando se ponga a la venta un producto de consumo preenvasado con una cantidad nominal constante, deberá informarse de forma inequívoca, clara y comprensible a las personas consumidoras siempre que se reduzca dicha cantidad o se utilicen materias primas de peor calidad y esto se traduzca en un aumento del precio por unidad de medida, manteniendo el mismo o similar diseño en su envase».

Si otros euro-estados ya lo han hecho, no hay problema por parte de la Comisión o el Parlamento Europeo, ya que, en teoría, toda la ciudadanía es igual. Consumo exige que, para que los consumidores puedan hacer una compra informada y consciente, cualquier cambio en las condiciones del producto debería de advertirse de forma inequívoca, clara y comprensible en el envase del producto.