La patronal estatal de grandes cadenas de supermercados de alimentación ha solicitado al Gobierno español que modifique la normativa para que la impresión del ticket de compra deje de ser obligatoria y sea la persona consumidora quien decida si desea recibirlo. Habrá que escuchar a las partes para ver los resultados.

De entrada, los representantes patronales recurren a argumentos de sostenibilidad sobre el elevado impacto ambiental debido al uso masivo de papel y tintas térmicas que cada año se imprimen. Luego, hablan sobre el gasto de millones que les supone y, además, dicen que disminuirían las esperas con colas kilométricas en las cajas. Argumentos legítimos por su parte, pero tan legítimos como los de la parte contratante, que necesita comprobar lo pagado y lo servido, a pesar de que sean pocas las personas que se molesten en realizar sus comprobaciones. Pero puntualicemos, porque, si se trata de porcentajes, también son pocos los que concentran la distribución alimentaria y doméstica, pero claro, tienen su cuota de poder.

Medidas similares ya se adoptaron en Países Bajos, Suiza o el Estado francés pero con un debate de fondo más amplio que “tickets sí o no”, porque todos y todas queremos acabar con el despilfarro de papel, pero haciéndolo extensivo a las toneladas de propaganda escrita (y a todo color) que se almacenan en nuestros buzones para acabar en los contenedores públicos sin leer. Tampoco es baladí la “inflación” de publicidad engañosa en países menos estrictos en aplicar las normas de protección a las personas consumidoras. Y aquí va lo de no fiarse, aunque esta es otra historia.

El caso es que el ticket obligatorio en los supermercados podría desaparecer, así que habrá que ver cómo mide el Gobierno español la brecha digital.