El objetivo de la UE de uso de renovables –hasta representar el 20% del consumo en 2020– ya ha sido alcanzado por muchos Estados miembros, pero otros como el Estado español están rezagados, según señaló el Parlamento en una resolución aprobada en fechas muy recientes.

«Para aumentar la eficiencia energética un 20% para 2020, los estados deben aplicar la legislación más rápidamente y de manera completa», afirma la Cámara en otra resolución. Vamos, como rayo que no cesa se está advirtiendo por activa y por pasiva que, además de no avanzar, se han hecho las cosas mal.

Y es algo que salta a la vista el que, durante años, se haya ido poniendo trabas o aplicando políticas equivocadas. Son asuntos que sorprenden tanto al ciudadano de a pie como a las instituciones europeas: «Nos preocupa la duplicación legislativa y los obstáculos derivados de las distintas políticas nacionales. Como resultado, los consumidores de energía cada vez se encuentran más obstáculos. Necesitamos mejor coordinación dentro de la comisión y con las autoridades nacionales y pedimos que los objetivos de impulso a las renovables a nivel nacional y comunitario no se entorpezcan mutuamente».

El Parlamento subraya que la autogeneración y el autoconsumo son «derechos básicos» y piden medidas para impulsar la inversión en este ámbito. Es cierto que puede haber intereses solapados –ajenos al bienestar social y medioambiental– en estas urgencias por desarrollar las renovables. Todo en política tiene su derecho y su revés, pero debemos quedarnos con la parte positiva y aprovechar los mecanismos de participación, sobre todo en lo que nos toca como actores locales, así como impulsar avances para reducir el consumo en refrigeración, iluminación, o aislamiento.

Lo que no cabe duda es que no se alcanzará ni a corto ni a medio plazo si los gobiernos estatales, los países que integran esos estados o las comunidades autonómicas y lands no se ponen las pilas. Y la solución va a venir dada en forma de obligaciones legisladas para comprometer a todos.