El 31 de diciembre de 2016, Baji no vio nacer el año nuevo. Aquejada por lo que parecía un cáncer en el estómago, esta mujer boliviana, indígena, pacahuara, del Amazonas, expiró pocas horas antes de la llegada del 2017. Dejaba dos hermanos y dos sobrinas; sumadas, son solo cuatro personas las que hoy hablan el idioma y conocen la cultura pacahuara. Maro, Buca, Bose Pistia y Shaco Pistia son los únicos representantes vivos de este pueblo originario amazónico en vías de desaparición.

Antes del primer auge del caucho, en la segunda mitad del siglo XIX, los pacahuara eran uno de los grupos indígenas más numerosos de la región amazónica boliviana. Sin embargo, cuando el hombre blanco descubrió la goma, utilizada en aquella época para producir los recién inventados neumáticos, se produjo una amplia expansión de la colonización europea en la zona, atrayendo trabajadores inmigrantes, generando riqueza para algunos y, sobre todo, causando transformaciones culturales y sociales, especialmente dramáticas en las poblaciones indígenas. La conclusión a la que llegan los investigadores es siempre la misma: el encuentro entre los caucheros y los nativos de la Amazonía fue siempre devastador para estos últimos. «Para poder explotar el caucho, los caucheros tuvieron que expulsar a los indígenas de los bosques amazónicos y esa expulsión se daba a través de la violencia», destaca el antropólogo boliviano Wigberto Rivero. Se calcula que por cada tonelada de caucho producida fueron asesinados diez indígenas, y centenares quedaron marcados de por vida por latigazos, heridas y amputaciones. «La industria del caucho generó una disminución muy grande de la población indígena del Amazonas boliviano y del Amazonas en general», sigue Rivero, quien explica que antes de la fiebre del caucho la población originaria del departamento de Pando –en el norte de Bolivia– contaba con unas 80.000 personas de diferentes pueblos y grupos étnicos, mientras que actualmente no sobrepasa las 5.000.

La demanda de mano de obra indígena durante la fiebre del caucho derivó en la persecución de los pueblos que se resistieron a ser usados, como los araona; mientras que otros pueblos, como los takana o los ese ejja, fueron contagiados por epidemias importadas por los europeos, murieron como esclavos o fueron eliminados en su intento de huir. Igualmente, muchas etnias de la selva amazónica fueron objeto de procesos forzados de civilización y evangelización por parte de misiones religiosas que han comportado la destrucción total o parcial de su sociedad y cosmovisión.

Los pacahuara se convirtieron en las mayores víctimas de ese etnocidio. Los que quedaron, vivieron de forma itinerante hasta que, en 1969, se asentaron –los forzaron a asentarse– cerca de Riberalta, en la provincia de Beni, junto a sus parientes lingüísticos chácobos, otro grupo indígena boliviano. En definitiva, la etnia pacahuara quedó tan desestructurada que ya no pudo recuperar su nivel esencial de reproducción, declinando en este aspecto hasta llegar a día de hoy al borde de la extinción.

Actualmente, aunque se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y su participación en las decisiones políticas ahora es mayor, muchos grupos étnicos aún se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad en el país más indígena del continente latinoamericano, donde los indígenas representan el 42% de la población total boliviana, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística.

Derechos de rango constitucional. En las últimas décadas se ha registrado un cambio positivo en los marcos jurídicos y políticos de América Latina en general y Bolivia, en particular, en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas. Las leyes y las políticas públicas han pasado de ambicionar la integración de los pueblos originarios a la sociedad dominante a una agenda multicultural, destinada a preservar las diferencias culturales y a proteger los derechos de los pueblos indígenas a reproducir sus culturas y sus idiomas, administrar sus tierras y gobernarse de acuerdo con sus sistemas. En este sentido, el último paso ha sido la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la OEA (Organización de los Estados Americanos) hace dos años.

También es importante destacar que en el caso de Bolivia, los tratados sobre derechos humanos, que engloban los derechos relacionados con los pueblos indígenas, tienen rango constitucional. En 2009, tras la promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia hecha por el presidente Evo Morales, se incluyeron diversos aspectos referentes a la protección de los pueblos originarios; hecho de suma relevancia, puesto que algunos expertos apuntan que el aumento de tratados y leyes que reafirman las aspiraciones de los pueblos indígenas en materia de autodeterminación va acompañado por una creciente participación de estos en la actividad política, tanto en calidad de representantes como de votantes.

«La experiencia de Bolivia en lo referente a los pueblos indígenas, a través de su participación directa en la gestión de los bienes y las zonas de importancia cultural y socioeconómica, ha generado resultados positivos en términos del empoderamiento de los indígenas y los avances hacia el autodesarrollo y el crecimiento general», destacaba el Banco Mundial en un informe de 2015 sobre población indígena en Latinoamérica. De este modo, los datos del Latinobarómetro de hace unos años indican que más del 60% de los encuestados indígenas en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Perú consideran que su Estado garantiza el derecho a participar en la política; porcentaje ligeramente superior al de los encuestados no indígenas.

Aunque Evo Morales es el ejemplo claro y más elevado de esta participación indígena en la política, ha habido varios conflictos durante su trayectoria como presidente del país que han mermado su aceptación en la población originaria. «La última administración del presidente Morales ha sido más publicidad que nada», subraya el abogado y estudioso de la región amazónica boliviana Ricardo Chávez, quien explica que «se ha logrado la inserción del indígena en el texto constitucional pero, más allá de la representación política, hay que darle la voluntad y la capacidad de crear y recrear su propio espacio para construir su futuro desde su propio punto de vista, su propio proyecto de vida». «Muchas veces se utiliza al indígena como elemento decorativo y nada más, ya que no hay un interés en tomar en cuenta su participación cualitativa», sentencia Chávez.

Ejemplo de ello son las denuncias de varios líderes de pueblos indígenas amazónicos y el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), recogidas en el penúltimo informe sobre Bolivia de Amnistía Internacional, que revelan que el Estado no estaba garantizando el consentimiento libre, previo e informado para proyectos de prospecciones petrolíferas en territorios indígenas.

La sombra de los megaproyectos. En agosto de 2017, el presidente Morales promulgó una ley que permite la construcción de la carretera Beni-Cochabamba que cruzará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), una de las principales reservas de agua del país y en el que viven aproximadamente 14.000 personas, la mayoría de comunidades indígenas. Esa ley derogó la legislación anterior, según la cual el TIPNIS era un área protegida. Pero la destrucción de territorio indígena no termina aquí.

Otro megaproyecto promovido por el Gobierno boliviano es la central hidroeléctrica del río Beni, ubicada cerca de Cachuela Esperanza, un pequeño poblado de la selva que durante la fiebre del caucho alardeó de ser de las ciudades más modernas y avanzadas de todo Latinoamérica. «Sobre la hidroeléctrica de Cachuela Esperanza hay el proyecto antiguo y el nuevo», aclara el ex empresario de la goma Freddy Hecker, quien explica que el primer proyecto tenía un bajo impacto ambiental ya que contemplaba inundar solo los terrenos que normalmente se inundan en la época de lluvias, mientras que con el nuevo proyecto «se va a inundar diez veces más terreno que en la anterior propuesta solo por ganar 200 megavatios de capacidad».

La planta hidroeléctrica abarcará 690 kilómetros cuadrados y tendrá una capacidad de 990 megavatios para satisfacer la demanda de electricidad de la región amazónica de Bolivia y para exportar electricidad a Brasil. También se prevé un impacto medioambiental que va desde la devastación de la vegetación, la pérdida de la biodiversidad y de la calidad del agua hasta la emisión de gases de efecto invernadero. En total, se calcula que tres cuartas partes de la población rural de la zona se verán afectadas, entre las cuales se encuentran un gran número de comunidades indígenas. «Es un país que va hacia atrás en vez de hacia delante», señala Hecker, quien fue alcalde de la ciudad de Riberalta en los años noventa, y concluye: «Lo que les interesa [a las empresas] son los contratos, las comisiones. Lo que quieren es capitalizarse».

Este megaproyecto va en contra de los objetivos que se fijaron en el Primer Foro Amazónico de Identidad y Desarrollo celebrado en Guayaramerín en junio de 2007. En la declaración del foro se puede leer: «Ponemos de relieve la importancia de la Amazonía, para nuestro planeta, para nuestro continente y para el país, ya que contiene la mayor diversidad de ecosistemas y especies de la tierra (…), es un enorme reservorio de carbono fijado en su biomasa y constituye uno de los centros del ciclo de agua mundial; pero sobre todo tiene como potencial la diversidad social expresada en sus pueblos indígenas y comunidades campesinas que por sus usos y costumbres se constituyen en los mejores guardianes de esta región y la vida del planeta».

Contaminación con mercurio. La zona del río Beni, además del impacto de la futura hidroeléctrica, cuenta también con una problemática que va en aumento: la contaminación de varias especies de peces a causa del mercurio que los mineros utilizan para la extracción de oro en la región.

«Las contaminaciones de algunos cuerpos de agua están afectando los ciclos de reproducción de los peces y directamente atentan contra la fuente alimenticia más importante de los indígenas de la Amazonía», condena el antropólogo Wigberto Rivero. De hecho, diversos estudios realizados a lo largo de tres décadas en los ríos Beni y Madre de Dios han establecido que existen rastros de ese metal pesado en indígenas ese ejjas que habitan en esa zona –el pescado es la base de su alimentación– y que los niveles de toxicidad están por encima de los considerados tolerables por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Educación bilingüe y multicultural. «Yo siempre digo que es importante entender nuestra lengua y es importante no perderla», asegura el presidente de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), Alberto Ortiz, que es, además, de etnia chácobo. «Los hermanos takana se han olvidado de su idioma, pero nosotros, los chácobos, no lo olvidamos. A veces hablamos castellano, pero cuando tenemos asamblea [en el poblado] se habla todo en chácobo», relata Ortiz, quien explica que actualmente las escuelas de su comunidad cuentan con un profesor bilingüe.

Tras ratificar nuevas leyes nacionales de educación, Bolivia adoptó un inédito plan de estudio basado en los conocimientos indígenas, implementado en el curso 2013-2014. Este plan tiene por objeto establecer una relación más equitativa entre los conocimientos occidentales y los indígenas, y el primer paso es ofrecer una educación bilingüe a los escolares de las comunidades indígenas. No obstante, expertos del Banco Mundial subrayan que «todavía es pronto para evaluar el impacto de estos cambios en la retención del idioma y la promoción de patrones de educación verdaderamente incluyentes y multiculturales».

Si los resultados de este plan de estudios fueran exitosos sería un hecho relevante, ya que curiosamente el nivel de estudios de una persona indígena guarda una relación inversa con la retención de su idioma originario. Así, a pesar de la implementación de leyes que protegen los idiomas indígenas, menos del 32% de los indígenas de Latinoamérica sigue hablando su idioma materno al culminar su educación primaria y solo el 5,3% lo hace al terminar la educación secundaria. En cuanto a los estudios universitarios, menos del 2% de los indígenas que terminan la carrera continúa hablando su idioma nativo. De aquí la importancia de las estrategias y planes de educación bilingües y multiculturales.

No es casualidad que el 2019 haya sido declarado por la ONU el año internacional de las lenguas indígenas; un reconocimiento impulsado por Evo Morales con el fin de llamar la atención sobre la pérdida y la necesidad de conservación de estos idiomas. Una investigación del Ministerio de Educación boliviano reveló que dos de las 36 lenguas recogidas por la Constitución, el guarasugwe y el puquina, están extintas y que la mayoría están en situación de vulnerabilidad. Es el caso de la lengua pacahuara que «está en vía de desaparición», lamenta el antropólogo Wigberto Rivero. Actualmente, Rivero está trabajando con esta población indígena para la publicación de un libro que incluye un diccionario pacahuara y que pretende «testimoniar su idioma» y documentar esta cultura que representa una visión particular, única, diferente del mundo.

El árbol que llora
«A finales del siglo XIX, lo que había sido una vez una extraña sustancia cosechada por un grupo de indios se había convertido en uno de los ingredientes esenciales de las industrias de automotores y en uno de los puntales que aceleraron la revolución industrial», cuenta Andrew Revkin en su biografía de Chico Mendes, defensor de los derechos de los recolectores de caucho de Brasil y de la selva amazónica, asesinado en 1988. El látex, como muchos otros productos de la selva, se descubrió en Occidente gracias a los conocimientos ancestrales de centenares de civilizaciones indígenas de la región. Lo que seguramente no esperaban los nativos, cuando mostraron a los blancos las propiedades del árbol del látex, era que la explotación de este recurso terminaría con la destrucción de gran parte de su hábitat y de su población. Tal vez, no sea una casualidad que los indígenas bautizaran el árbol del látex con el nombre de “cauchu”, que significa «el árbol que llora».

 

El último siringuero «Siringuero, coge tu cuchilla y tu tichela, échate a la espalda tu morral», canta Francisco Cuadiay. Recuerda las cantinelas que los siringueros, los trabajadores de la goma, entonaban cuando se sumergían en la selva para rallar los árboles del caucho y extraer el látex.
Cuadiay, de etnia takana, empezó a trabajar la goma cuando tan solo tenía 13 años y, a sus 58 años, aún sigue con esta profesión. Es uno de los últimos siringueros de la Amazonía boliviana. Cuando en los años ochenta bajaron los precios del caucho latinoamericano –a causa de la competencia internacional, fruto de la exportación ilegal de las semillas del árbol por parte de los ingleses que más tarde las cultivaron en Sri Lanka, África subsahariana y Malasia– y la producción cayó en picado, la industria gomera en Bolivia se desmanteló. Los siringueros pasaron de recolectar látex a recolectar castaña, más conocida como nuez de Brasil; y no fue hasta 2011 que Sirinbol, una empresa boliviana, volvió a interesarse por el árbol de la goma. Cuadiay es actualmente uno de sus proveedores.
«Viendo que la economía de la castaña ha bajado, yo pienso que la goma sería una base fundamental de la economía de la Amazonía y de la gente que vive labrando la tierra y extrayendo recursos naturales», opina Cuadiay, quien explica que lo más costoso de reactivar el negocio es el material y abrir los caminos de la selva pero que a la vez puede ser una oportunidad porque «con la inversión de reabrir de nuevo las brechas de la goma, el siringuero, a parte de recolectar goma, también podría traer asaí, majo y cacao».
«Si el Estado nos apoya, la goma va a ser un gran potencial», repite con esperanza Francisco Cuadiay, el último siringuero que bien podría ser el primer siringuero de una nueva era.