Cuando Bob Williams llegó hace 48 años al Reino Unido desde Jamaica, jamás hubiera pensado que algún día tendría problemas para hacer el camino inverso. Desde hace diez años, este vecino de Londres ha intentado, sin éxito, obtener su pasaporte británico para visitar la tierra que le vio crecer. ¿El motivo? El Gobierno británico no reconoce su residencia legal en el país al no haber registros oficiales de su desembarco en las islas y, por tanto, niega su derecho a emitir un pasaporte como haría con cualquier otro ciudadano.

El suyo es solo uno de los miles de casos de ciudadanos de la Windrush Generation, el nombre con el que se conoce a los caribeños llegados a las islas en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que en los últimos años se han visto afectados por las políticas migratorias del Gobierno conservador, despojándoles en muchos casos de sus derechos ciudadanos.

«Estoy atrapado aquí. Diez años atrapado y no es una exageración, es la verdad», lamenta Williams mientras sostiene una pancarta contra el racismo en una concentración de colectivos inmigrantes que se desarrolla a pocos metros de la residencia oficial de la primera ministra Theresa May, en el turístico número 10 de Downing Street.

Su historia, pese a todo, ha sido menos dramática que la de otros compatriotas. Uno de los casos más polémicos que saltó a los medios británicos es el de Joe Robinson. En 2009, después de pasar unas vacaciones en Jamaica, país que había abandonado hace cuarenta años para emigrar a Gran Bretaña, los agentes de aduanas lo abordaron en el aeropuerto Kingston cuando facturaba sus maletas de regreso a casa.

El resultado fueron dos años sin poder salir de Jamaica, en los que su mayor pelea fue demostrar a la embajada británica que había residido en Europa durante cuatro décadas. «Di referencias de mi dentista en Reino Unido, de mis facturas de la luz, del piso, pero dijeron que no era suficiente», comenta por teléfono con la voz entrecortada, pese a haber repetido su odisea decenas de veces en las últimas semanas.

Cuando llegó a Gran Bretaña en 1976 se le concedió una visa con derecho a residencia permanente, que perdió al extraviar su pasaporte. «Al perderlo, el nuevo pasaporte no hacía mención a mi visado y por eso tuve que pelear para demostrar que residía legalmente», comenta.

El apodo de “generación Windrush” se remonta a 1948, cuando el navío HTM Empire Windrush atracó en los muelles londinenses de Tilbury con cientos de caribeños a bordo, invitados por el Gobierno para ayudar a reconstruir el país tras la guerra. Al llegar a Gran Bretaña, recibían un permiso de residencia permanente como el de Robinson y el derecho a solicitar la nacionalidad, para ellos y también para sus esposas e hijos e hijas. Los habitantes de países de la Commonwealth gozaron de este derecho hasta 1973, año en el que se restringió la llegada pasando a conceder solo permisos de residencia temporales.

Muchos, sin embargo, no solicitaron la nacionalidad o el pasaporte británico, o simplemente lo perdieron, y quedaron sin ningún documento que acreditase su llegada legal a la isla.

Pero, ¿y el Gobierno británico no tenía registros sobre los ciudadanos caribeños llegados al país? Los tenía pero los destruyó, al menos en parte. En 2010, el Ministerio de Interior, aprovechando el cierre de una de sus oficinas en Londres, decidió destruir los archivos que allí se encontraban, entre los que se encontraban miles de cartas de desembarco de caribeños llegados al país en la década de los 50 y 60.

Problemas para sus descendientes a la hora de acceder a la Universidad. A pesar de las advertencias de los funcionarios sobre los problemas que causaría la destrucción a la hora de comprobar la residencia legal de estos ciudadanos, el ministerio continuó adelante. «Mucha gente no contaba con documentos de su llegada porque desembarcaban con un permiso que incluía a cuatro o cinco personas. Esos registros eran el último recurso para probar que estaban en el país legalmente», asegura la abogada especialista en asuntos de inmigración Hilary Brown. En los últimos meses, por su despacho han pasado ciudadanos británicos a cuyos hijos e hijas algunas universidades del país han negado la admisión al no contar con la documentación exigida.

El escándalo ha centrado la agenda política británica en los últimos tiempos y a inicios de mayo se saldó con la dimisión de la ministra de Interior, Amber Rudd. Su dimisión ha apaciguado los ánimos de los colectivos inmigrantes, pero son muchos los que todavía piensan que las destituciones deberían llegar a más altas esferas, en concreto, a la primera ministra, Theresa May quien, en el momento de la destrucción de todos estos documentos, ocupaba la cartera de Interior.

Aunque estos casos fueron ocurriendo a cuentagotas en los últimos años, nunca como hasta ahora la comunidad caribeña había hecho tanto ruido contra el trato dado por el Gobierno a los suyos. «Llegó un momento en que la comunidad se dio cuenta de que estaba siendo tratada de forma inapropiada y comenzaron a hacer llegar sus casos a los diputados de sus circunscripciones, y de ahí, a los medios», explica Smokey Joe, uno de los DJ jamaicanos más emblemáticos del reggae londinense y voz de la “generación Windrush” en muchas de las protestas que se están llevando a cabo.

Las cifras de afectados son imprecisas. El Observatorio de la Migración de la Universidad de Oxford estima que en Gran Bretaña residen 524.000 habitantes nacidos en países de la Commonwealth y llegados a las islas británicas antes de 1971. De ellos, 57.000 asegurarían no tener la nacionalidad británica. «Estas cifras no significan que 57.000 personas estén teniendo problemas a la hora de probar su residencia legal en Reino Unido. Eso dependerá de si tienen la documentación necesaria», aclaran desde el Observatorio.

El Gobierno de Theresa May ha abierto un canal de ayuda para facilitar la regularización de estas personas y comprobar que llegaron al país antes de 1971. «Estamos todos en una cola de espera. Aún no podemos decir si es útil o no, porque acaba de comenzar, pero lo que está claro es que si el Gobierno ha reaccionado es por la presión de la gente, no por voluntad propia», asegura Bob Williams entre gritos de fondo de manifestantes clamando por la “deportación” de la primera ministra británica.

En medio de las negociaciones por el Brexit, el escándalo con la “generación Windrush” ha sobresaltado a la comunidad europea en el país, que observa con preocupación cuales serán sus derechos en el Reino Unido cuando este abandone la Unión Europea a finales de 2020.