Los precios de las viviendas en alquiler han subido en el Estado español un 50% en cinco años. En una economía de mercado que Franco pensó de propietarios, la falta de crédito y la precariedad laboral han disparado la demanda de alquiler. Si sumamos a ese cocktail la movilidad de los pisos gracias a las plataformas de alquiler habitacional como Airbnb, y a la ansiedad por convertir en centro de atracciones, convenciones, festivales y actos el centro de las ciudades, nos encontramos con que las zonas con mayor dinamismo económico –las ciudades– son las que sufren mayor aumento del alquiler por metro cuadrado, a medida que la periferia territorial se abandona a su suerte.

¿Cómo empieza esto? Ya se sabe que al franquismo no le gustaban los alquileres; Jose Arrese Magra, bilbaíno, ideólogo falangista, arquitecto y ministro de la Vivienda, impulsó lo que se conoció como “del proletario al propietario”. Tal y como recuerda el historiador Luis Bilbao Larrondo, a finales de los años 50, el 46% de las viviendas eran de alquiler. Sucesivos ministros de esta cartera –todos falangistas– se apresuraron a incentivar la compra, cediendo suelo, concediendo subvenciones, exenciones de impuestos, etc.

No se entendía que se podía ser dueño de lo construido sin que se fuera dueño del terreno, como pasa en la mayoría de Europa. De esos barros, los lodos actuales, donde el precio del suelo es el mayor indicador del precio final de la vivienda, cuando, si nos paramos a pensar, el suelo es el elemento que menos debería importar –a diferencia de la calidad de la vivienda construida–. Se abrió una puerta siniestra a la especulación, sellada con las sucesivas leyes del suelo del 56 y 76. Tan solo con la llegada del nuevo milenio se empieza a mitigar este hecho, imponiendo la obligatoriedad de realizar vivienda de protección oficial.

Sin embargo, las VPO –tras agrios debates– siguen siendo “propiedad” de los usuarios, aunque en la CAPV se elimine –teóricamente– la posibilidad de hacer negocio al hacer que la venta deba ser a un precio tasado por la Administración. Las alternativas a este negocio pasarían por reforzar el parque público de viviendas, trabajando distintas modalidades de alquiler social. Experiencias, fallos y éxitos no faltan en el panorama europeo para aprender qué hacer, y qué no hacer.

Existen también casos que buscan acercar el concepto de propiedad a lo que se entiende con “tener una casa”. Desde Catalunya el colectivo Sostrecivic lleva años tratando de promover el modelo Andel, una iniciativa de las cooperativas de cesión de uso desarrollado en Dinamarca. Según este modelo, los propietarios acceden a la vivienda mediante cuotas económicas, que le garantizan el uso del “vuelo” (lo construido), pero no le hacen propietario, es decir, no puede vender el piso. Eso acaba de un plumazo con la posibilidad de especulación, aunque lleva un pequeño truco: para que esto funcione y cuadren los números, el suelo debe de ser cedido, normalmente por el Ayuntamiento.

Así, llegamos al nudo gordiano del que hablábamos antes: el suelo, y en definitiva, la voluntad política. Hay muchos factores que deben darse para que una operación de estas características dé buen resultado, y un caso de estudio lo tenemos en Barcelona, en la cooperativa La Borda. Sus autores, Lacol Arquitectes, son una cooperativa de arquitectos muy implicados en el CSOA Can Batllò, y algunos de los propios arquitectos son vecinos de este inmueble de 28 viviendas.

En comunidad. El edificio se ha construido en un solar cedido por el Ayuntamiento a 75 años (es decir, no sale en teoría de manos públicas), y se plantea como una cooperativa de cesión de uso. A diferencia de las cooperativas de viviendas tradicionales –que no dejan de ser modos de financiación donde después de construido el edificio, la cooperativa se disuelve–, en este tipo de asociaciones los inquilinos tienen un papel fundamental a la hora de diseñar el espacio, no solo en lo que a este se refiere sino también a los materiales –reciclables, con baja huella de carbono–.

En La Borda se crearon talleres de arquitectura para coordinar los deseos de los usuarios finales y las necesidades técnicas de los arquitectos, para conseguir esas 28 viviendas, con gran variedad tipológica (40, 65 y 75 m2), y espacios comunitarios como cocina comedor, lavandería, espacio para invitados, almacén de plantas… Todo ello sobre una estructura de madera contralaminada, en un proyecto que técnicamente ha sido innovador y que ha recibido numerosos premios.