El Tribunal de Justicia europeo (TJUE) vuelve a la carga contra la banca sobre las cantidades pagadas por los y las consumidoras en concepto de gastos hipotecarios. Y ya van unas cuantas, por lo que no supone una novedad, pero salta a la vista que los órganos de las administraciones competentes no están actuando como correspondería hacerlo, porque deberían tutelar los derechos de la parte más débil.

Según la sentencia publicada por el TJUE el pasado 16 de julio, salvo que el “Derecho Nacional” disponga lo contrario, «las cantidades pagadas en concepto de gastos hipotecarios conforme a una cláusula que sea declarada abusiva, deberán ser devueltas en su totalidad a las personas consumidoras». Es decir, que cuando se declare nula una cláusula abusiva que imponía al cliente el pago de los gastos hipotecarios, se considerará que esa cláusula nunca ha existido por lo que, al dejar de tener efectos, las cantidades abonadas por esos conceptos deberán ser devueltas en su totalidad. Salvo las excepciones, que ya fueron marcadas anteriormente, como es el caso del “Impuesto por Actos jurídicos documentados”.

Judicializarlo casi todo. No obstante, y de acuerdo a lo que señala el alto tribunal europeo, serán las disposiciones de Derecho Nacional aplicables en defecto de esa cláusula las que inclinen la balanza. Por lo que en cada caso que se juzgue será el juez quien determine si la cláusula es o no abusiva, o sea, si se ha establecido en detrimento de las personas consumidoras. El banco estará obligado a acreditar en cada caso que informó de manera transparente sobre los distintos gastos y que los mismos corresponden a un servicio realmente prestado por el mismo y no a un mero sobrecoste o comisión de la hipoteca. En relación a las costas, si el banco pierde deberán correr a su cargo.

Triste posición la de consumidores-as que, en ausencia de intervención administrativa, nos vemos obligados a judicializar casi todo en la vida, salvando claro está el denunciar a los propios poderes públicos porque teniendo ya las competencias no las ejercen. Y el resto de grupos parlamentarios... no saben, no contestan.