Colombia está viva. La sociedad colombiana late con fuerza a raíz de las protestas que se suceden desde el pasado mes de abril en el país latinoamericano. El detonante de estas protestas fue la ya extinta reforma tributaria que planteaba el Gobierno de Iván Duque, pero se han ido prolongando con un crisol de demandas y visibilizando el descontento social que subyace en el segundo Estado más desigual de América Latina.

Esta crisis social se traduce, no obstante, en cientos de víctimas, con fallecidos y desaparecidos de por medio. Los últimos días de mayo, el balance oficial hablaba de más de cuarenta muertos y numeraba en más de un centenar los desaparecidos por las protestas. Pero los datos ofrecidos por la ONG Temblores ponían el foco en la violencia policial. Según el colectivo, se han registrado «2.905 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública (que no incluyen desapariciones)». En ese total hay «43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública».

Estos datos están incluidos en la carta abierta dirigida al presidente colombiano, Iván Duque Márquez, en la que le solicitaron, entre otras cosas, que permita la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que rechace «las acciones ejercidas por la Fuerza Pública que han vulnerado los derechos fundamentales» y «construir puentes de diálogo y participación efectiva de los diferentes sectores que se movilizan pacíficamente».

Según la Fiscalía, el mayor número de muertes violentas se ha registrado en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), especialmente en Cali, la capital y epicentro de las protestas en el país.

Cali ha sido la ciudad más golpeada por la violencia en las protestas, con graves acusaciones de excesos de la fuerza policial contra los manifestantes y problemas de alteración del orden público, con grupos de personas que han atracado establecimientos y destruido material urbano. Además, otras tres muertes se han producido también en Cundinamarca, Bogotá y Tolima.

Viendo las imágenes que ilustran este reportaje, bien se podría hablar casi de un carnaval colombiano, e incluso, si el lector lo permite, la periodista que escribe estas líneas se atrevería a decir que los vecinos de Ituren se hubieran trasladado al país latinoamericano para realizar una demostración de su tradicional carnaval. Pero nada más lejos de la realidad, se trata del pueblo colombiano que protesta con su cara más imaginativa y colorida, aunque ese camino a transitar esté plagado de la más dura y cruenta violencia que ejercen las fuerzas policiales.