La semana ha estado marcada en el entorno de la Real Sociedad por una Junta en la que el Consejo propuso y sus accionistas aprobaron sin que ninguno solo cuestionara esta inversión la autorización para destinar 30 millones de euros y un 20% de un posible incremento sobre lo presupuestado, otros seis, para que el club y Donostia puedan disponer de un campo de fútbol que podría ser utilizado para acoger partidos de rugby con un aforo de 45.000 localidades.

Si se tiene en cuenta que el primer presupuesto que se baraja asciende a 45 millones, con muchas posibilidades de ser rebajado en el concurso que se convoque, la Real está dispuesta a asumir dos terceras partes de la inversión, algo que no ha sucedido en ninguna instalación deportiva de la que el club no es propietario y cuya propiedad y gestión corresponde a entidades públicas.

Que en un momento de crisis y con el precedente cercano de que el Athletic apenas ha aportado el 25% del coste del nuevo San Mamés la Real haya mostrado su disposición a asumir semejante inversión es digno de ser elogiado. Porque no solo van a salir reforzados el club y la ciudad, también los trabajadores que pueden participar en la conversión del estadio en un campo y todos los que se benefician de este movimiento.

Semejante gesto de dignidad ejemplar merece primero que el alcalde no quiera ganar votos en una cuestión en la que el planteamiento actual, por mucho que hayan desestimado las alegaciones presentadas por Olaverri y Soto, tendría complicaciones en el ámbito judicial si el antiguo concejal de Euskadiko Ezkerra sigue en su empeño de demostrar que por sí solo es capaz de imponerse a la voluntad de toda una sociedad.

Se podrá discutir, como se hizo en la Junta, si tiene sentido ampliar el aforo a 45.000 abonados cuando apenas 23.000 fueron a ver el derbi guipuzcoano. Pero después de lo que pasó el miércoles, la Real se merece que nadie intente aprovecharse ni poner trabas en el camino hacia el nuevo campo.