Las asociaciones y partidos que defienden el derecho humano al asilo han centrado sus críticas en el hecho de que Turquía no es un país seguro. Con ello buscan el loable objetivo de que la Unión Europea dé marcha atrás en la aplicación del «Pacto de la Vergüenza».

Ocurre que la UE no busca en Turquía un país seguro, sino uno que haga de gendarme para frenar el flujo al Mediterráneo. Otra cosa, harto imposible, es que consiga su objetivo.

Turquía será un país inseguro pero tiene desde hace años tres millones de refugiados. Y no es menos seguro y acogedor que Líbano y Jordania, donde penan otros dos millones.

El problema es que es la propia Unión, mejor dicho muchos de sus estados miembros –con España y Francia a la cabeza–, los que no son «seguros». Al punto de que dejaron que sobre todo Alemania pero también otro puñado de países colapsaran y consideraran llegado el momento de «asegurar» su estabilidad promoviendo ese vergonzoso pacto con Ankara.

Llegados a este punto, y sentado el principio de «un sirio reasentado por cada sirio devuelto», los refugiados no sirios –que, insisto, son mayoría– son deportados y corren el riesgo de ser repatriados a sus países de origen, escenarios de guerras, dictaduras, hambre y persecución. En definitiva, a sus «países seguros».