El relator de la comisión parlamentaria que ha analizado si el Congreso le abre un juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, recomendó ayer que se ponga en marcha el proceso de destitución en el Senado. El relator Jovair Arantes se mostró favorable a «la admisión jurídica y política de la acusación de la instauración en el Senado de un proceso por delito de responsabilidad» contra Rousseff, acusada por la oposición de maquillar las cuentas públicas. Los 65 diputados de esta comisión disponen de dos días para enmendar el texto del relator antes de llevarlo a votación el lunes. El informe será luego presentado el 15 de abril ante el pleno, donde tendrá lugar la votación definitiva.

La oposición necesita al menos dos tercios de los votos (342 de 513) para que el proceso de destitución pase al Senado, que decidiría en última instancia si se abre el proceso.

Rousseff recibió ayer un balón de oxígeno ya que el Partido Progresista (PP), la tercer fueza en la Cámara de los Diputados de Brasil, anunció que mantiene su apoyo a la presidenta y «orientará» a sus legisladores a apoyar a Rousseff, aunque permitirá que un grupo de disidentes vote en contra. Según Nogueira, más de 40 legisladores del PP, partido que cuenta con 51 diputados y seis senadores, es favorable a Rousseff y solo una minoría secunda la destitución de la mandataria.

En las últimas semanas, tres formaciones han abandonado la coalición oficialista, entre ellos el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del vicepresidente Michel Temer. Otras dos, que suman 85 diputados, el Partido Social Democrático y Partido de la República, están decidiendo si rompen o si se mantienen fieles a Rousseff.