Agentes como EH Bildu, Podemos y ELA coincidieron en rechazar la decisión de la Diputación de Gipuzkoa de eliminar la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI). Además, calificaron con las mismas palabras las razones esgrimidas por la institución foral: «Ha utilizado un discurso xenófobo y racista, al estilo de Maroto».

La concejala de la coalición abertzale en el Ayuntamiento de Donostia Olaia Duarte acusó al PNV y al PSE de «incentivar rumores xenófobos» al indicar, paradójicamente el 21 de marzo (Día internacional contra el racismo) que esta ayuda, creada por el anterior Gobierno de EH Bildu para mejorar la situación de las personas más vulnerables, crea «un efecto llamada» y «un flujo de migración artificial» en el territorio.

Duarte negó de plano que haya ocurrido ese efecto llamada y leyó un fragmento del informe de la propia Diputación jeltzale en el que se dice que en el efecto salida del Estado en general, lo que ha hecho la AGI es mantener el volumen. Añadió que de los migrantes de Gipuzkoa solo recibe esta ayuda el 1%.

La concejala abertzale censuró también el hecho de que la Diputación trate de retirar las prestaciones alegando criterios técnicos, cuando «en realidad es una decisión política que ya está tomada». «Si hay voluntad, la medida adecuada sería implantar la AGI en otros territorios», propuso. Y preguntó a la Diputación qué pasará con las 1.422 familias de Gipuzkoa beneficiarias de la AGI, la mitad de ellas de Donostia.

«Silencio cobarde» del PSE

El portavoz de Podemos en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Juantxo Iturria, habló en la misma línea y señaló que no se debería haber adoptado esta medida «sin garantizar antes las necesarias coberturas a las personas que quedarán desprotegidas». A su juicio, esta ayuda «ha demostrado ser una herramienta de lucha eficaz contra la pobreza», por lo que Gipuzkoa se convirtió en «un modelo».

El representante de Podemos acusó por otra parte al PSE, socio del PNV en el Gobierno, de mantener «un silencio sospechoso y cobarde».

ELA, por su parte, recordó que la AGI surgió tras la decisión del PNV y el PSE de dar por buena la reforma de la RGI planteada por el Gobierno de Patxi López que, entre otros recortes, supuso dejar fuera de dicha prestación a las unidades convivenciales que llevasen menos de tres años empadronadas en la CAV. La AGI exigía solo un año de empadronamiento, como lo hacía anteriormente la RGI. Fue, por tanto, «una medida paliativa y parcial ante dicho recorte».

Refiriéndose a los mandatarios europeos, el sindicato lamentó que la Diputación se haya puesto de lado de los gobernantes «que avergüenzan al pueblo».