El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de quinta reforma de la Ley de Policía y la Ley de Víctimas de la violencia policial 1979-1999, cuyas innovaciones –por muy positivas sean– no llegarán a poder materializarse en esta legislatura. Aunque las elecciones se retrasasen hasta el 20 de noviembre, máximo que permite la ley, no daría tiempo a que el Parlamento debatiera, acordara y aprobara unos textos tan complejos y controvertidos como estos. Al convocarse los comicios y disolverse la Cámara, todos los proyectos decaen y es como si nunca hubieran existido.

En la rueda de prensa que sigue al Consejo de Gobierno, solo se dio cuenta de la Ley de Policía. Preguntada por los plazos, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, respondió que todavía había tiempo para que los grupos tramitaran la iniciativa. Y a modo de queja –ya común de este gobierno para explicar las pocas leyes aprobadas– lamentó que, por ejemplo, la Ley de Emergencias hubiera estado «dos años» (año y medio, en realidad) en debate antes de su aprobación la pasada semana.

Un año de retraso

Lo que el Ejecutivo no contó es que el primer calendario legislativo que presentó anunciaba esta ley para el primer semestre de 2015. En la revisión que hizo el 27 de julio de ese año, lo retrasó al segundo semestre. Y, al final, no ha llegado hasta ahora.

Al hacerle ver esto a la consejera, primero calló un instante y luego dijo que durante la tramitación se habían presentado muchas observaciones.

Víctimas de la violencia estatal

Aunque en la rueda de prensa no se informó sobre su existencia, el Consejo de Gobierno también aprobó ayer y remitió al Parlamento el “Proyecto de Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contexto de represión ilícita en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre los años 1979 y 1999”. Con este texto ocurre lo mismo que con el de la Ley de Policía, que dados los plazos con los que se remite para su debate a la Cámara autonómica, es imposible que puedan ser debatidos en la presente legislatura.

Por otra parte, el periodo de tiempo para el que se fija esta ley (1979-1999) resulta un tanto paradójico, puesto que el periodo anterior (1968-1978) está regulado por un decreto que cuando pretendió ser mejorado fue recurrido por el Gobierno español. Jonan Fernández anunció hace ya un año la redacción de una ley en este sentido.