Más de 240.000 personas se manifestaron ayer en Varsovia para «preservar el lugar de Polonia en Europa», amenazada por la política del partido ultraconservador en el poder, anunció el Ayuntamiento de Varsovia. Se trata de una de las manifestaciones más importantes en Polonia desde la caída del comunismo en 1989.

La multitudinaria, que ocupó unos tres kilómetros a lo largo del bulevar ceremonial que da paso al palacio presidencial, protesta se formó cuando una marcha anual en defensa de la Unión Europea (UE) se fundió con otra manifestación, organizada por grupos pro-democracia y partidos de la oposición en contra del euroescéptico Gobierno.

A medida que iban avanzando hacia el centro de la ciudad, los manifestantes gritaban consignas en favor de la UE y de la democracia, y ondeaban banderas polacas y comunitarias.

«Somo Europa»

Bajo el lema «Somos y seguiremos siendo Europa» partidos de centro-derecha e izquierda, ONG, activistas y ciudadanos protestaron en el centro de Varsovia contra el Ejecutivo de Ley y Justicia (PiS), que gobierna con mayoría absoluta desde el pasado setiembre.

«Estamos aquí porque queremos luchar por la libertad de Polonia, por la democracia y por la acción común en la Unión Europea», proclamó el expresidente Bronislaw Komorowski durante la marcha.

La protesta tuvo lugar en medio de una crisis política desencadenada por las reformas que el PiS, gracias en exclusiva a su mayoría absoluta en el Parlamento, quiere aplicar y que le han granjeado notables críticas dentro del país y alguna advertencia seria desde Bruselas.

La polémica está ligada al carácter retrógrado de estas medidas, que recortan derechos establecidos ya en Polonia desde su democratización y que ponen en peligro la separación de poderes y el funcionamiento democrático de las instituciones.

Entre estas normas destacan la reforma del Tribunal Constitucional, que lo deja a merced del Ejecutivo, y la nueva ley de medios, que permite la designación por parte del Gobierno de los puestos directivos de los medios públicos, así como su propuesta de criminalizar el aborto.

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa se mostró recientemente en contra de la reforma del Constitucional y advirtió de que pone en riesgo la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.