Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Iruñea han considerado que se debe recurrir la suspensión cautelar de las matrículas en escuelas de 0-3 años por ser una medida «inadecuada y excesiva». Entre otras cosas, porque no solo afecta a los 53 niños cuyos padres han denunciado el cambio de castellano a euskara en dos escuelas infantiles, sino que implica a las 1.200 familias que están ahora realizando los trámites para enviar a sus hijos a cualquiera de las 17 escuelas infantiles públicas.

El recurso de alzada que ha presentado el Ayuntamiento recuerda que «52 de los 53 niños representados por los recurrentes seguirían matriculados el próximo curso en las escuelas infantiles e iban a continuar recibiendo la educación que proporciona el modelo y sistema público de estas escuelas».

El origen del conflicto nace del cambio en dos escuelas de los barrios de Donibane y Arrosadia, cuyo modelo lingüístico pasó de castellano a euskara. Un total de 53 padres de niños que acudían a esos centros (un 26% de los que tenían a los hijos escolarizados en las dos escuelas) acudieron a los tribunales. Alegan que sus hijos van a tener una ruptura afectiva con los educadores con los que habían estado el año pasado.

El Ayuntamiento, en el recurso, niega la mayor. «No hay ningún precepto legal que reconozca el derecho a que, una vez iniciado el primer ciclo de educación infantil en un centro público, dicho ciclo deba continuar en el mismo centro, con el mismo equipo de educadores y sin que se puedan modificar el modelo y los proyectos educativos».

Sin base pedagógica

No solo los servicios jurídicos del Ayuntamiento avalan la decisión que ha tomado el equipo de Joseba Asiron (y que se sustenta además en una encuesta sobre la demanda de modelos lingüísticos que evidencia la carencia de plazas en euskara), ya que también los pedagogos municipales sostienen que «no está demostrado que el cambio de modelo lingüístico o el traslado a otra escuela tenga que provocar a los niños perjuicios».