En un lugar como Euskal Herria en que se aplican leyes excepcionales y de modo extremadamente duro, un congreso internacional reivindica estos días dar a la Justicia un carácter «restaurativo y terapéutico». Se trata de un congreso de carácter europeo con cientos de asistentes reunidos para escuchar en el Kursaal intervenciones de jueces o expertos en la materia que defienden «una Justicia más humana».

Uno de los promotores es Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia de Gipuzkoa, que en una de las sesiones de ayer subrayó que «los tribunales pueden convertirse en agentes terapéuticos, porque si algo suscitan los pleitos son emociones».

El estadounidense David Wexler, uno de los principales expertos en esta materia, hizo hincapié en que esta justicia terapéutica (TJ por sus siglas en inglés) resulta más conocida en casos que tienen que ver con consumo de drogas o salud mental, pero en realidad debe alcanzar a todo, incluido el sistema penal.

Distinguió dos partes: los preceptos legales («la botella») y la voluntad de los jueces («el líquido»). Considera que en Estados Unidos esa botella es peor, pero el líquido mejor, en el sentido de que hay mayor disposición a la aplicación positiva, mientras que en Europa halla justo la situación contraria. Curiosamente señaló al Estado español y al francés como dos de los que ofrecen más posibilidades de una Justicia más humana, dado que el cumplimiento de penas queda en manos de otro juez independiente al que sentenció.

«Maximizar el bienestar»

Al hilo de ello, una de las asistentes preguntó cómo se podría convencer a los magistrados españoles para que utilicen esta TJ. El experto mexicano Luis Enrique Osuna le respondió que «bastaría con recordarles lo básico, ¿por qué estudiaron Derecho? ¿por qué son jueces? Yo lo hice porque creía que podía aportar algo a la sociedad». En su opinión, el tribunal siempre tendría que plantearse previamente a sus decisiones «cómo maximizar el bienestar de todas las personas que van a estar en el procedimiento».

Wexler hizo bastantes sugerencias prácticas al respecto. Por ejemplo, la de que es bueno que cuando los jueces aplican la libertad condicional, en vez de hacerlo de modo automático y unilateral, den la palabra primero al «ofensor» para que verbalice su posición sobre el delito cometido, sus compromisos de futuro…. Sostiene que ello refuerza la sensación de justicia para todas las partes y desestimula la reincidencia.

Un juez de Vigilancia Penitenciaria levantó la mano para aportar su experiencia: «Doy libertades condicionales y muchos presos me dicen que les basta con que se les escuche».

Lakua anticipa un decreto de reinserción y reintegración, de nuevo con falta de competencia

El actual Gobierno de Lakua, ya a punto de concluir la legislatura, está preparando un decreto con la intención de que se apruebe en la siguiente si continúa en Ajuria Enea y cuyo objetivo resume en «promover y prestar apoyo a procesos legales e individuales de reinserción de presos condenados por delitos de terrorismo». Lo presentó ayer Jonan Fernández en el marco del congreso de Donostia. Como otras iniciativas anteriores del Plan de Paz, al margen de las consideraciones que cada cual pueda hacer sobre sus contenidos, topa con un problema competencial, dado que las atribuciones para cambios de grado, permisos, excarcelaciones y demás dependen del Estado.

Según detalló, por un lado el proyecto de decreto busca promover la reinserción mediante «un distanciamiento crítico o autocrítico respecto al delito cometido». Para ello, el preso o presa tendría primero que expresar su voluntad de participar. Luego una Comisión Asesora establecería contacto y se nombraría un responsable, con el que la persona encarcelada definiría un «itinerario de contribución a la paz y la convivencia».

Desde Lakua se informaría de ello a juzgados y tribunales, por si quisieran «colaborar» en la iniciativa. Y tras el recorrido correspondiente del preso o presa, la Comisión haría un dictamen final de valoración, «favorable o desfavorable», en el que se computarían como factores positivos la participación en seminarios, los encuentros restaurativos con víctimas, el apoyo personal a procesos de desarme-disolución-desaparición, la aportación de testimonio o la disposición a satisfacer la responsabilidad civil.

En cuanto a la reintegración, se propone considerar a estos presos igual que a otros colectivos «vulnerables o en riesgo de exclusión», lo que implica apoyo para el acceso a la RGI, vivienda, sanidad, formación... cuando no tengan medios propios suficientes. R.S.