Cientos de personas, convocadas por la asociación vecinal Satorralaia, acudieron ayer a la marcha contra la pasante del metro que quieren construir en Donostia. A lo largo de un recorrido de una hora desde la Plaza Easo hasta el Boulevard, los manifestantes cantaron versiones de canciones con la letra modificada y gritaron consignas portando pancartas y carteles.

Aunque ya hayan sobrepasado las 3.500 firmas necesarias para poder pedir a la Diputación de Gipuzkoa que realice una consulta popular (llevan más de 6.000) continúan recogiéndolas para poder entregar «cuantas más mejor» a finales de julio. 

«En diciembre del año pasado ya denunciamos la falta de transparencia del proyecto, ya que no se ha posibilitado la participación ciudadana en una decisión tan trascendental para sus intereses y necesidades». Aseguraron que después de seis meses la situación es «incluso peor», porque la consejera de Lakua de Medioambiente y Política Territorial, Ana Oregi, no ha respondido a su petición de reunirse con ella. «Suponemos que será más sencillo verla ahora por las calles de nuestra ciudad aprovechando que estamos en plena campaña electoral. Lo que ocurre es que participar no consiste solo en votar cada cuatro años. Realizar o no el proyecto de la pasante del metro también es una decisión política», subrayaron los convocantes al finalizar la manifestación.

A su vez, señalaron que la ciudadanía está desinformada y que tiene que escuchar mentiras como «las 40.000 personas usuarias de cada estación de la pasante, cuando ya se sabe que la estación más usada de metro Bilbao no supera las 20.000». Denunciaron también que quien se está encargando de informar a la ciudadanía es la propia asociación Satorralaia, ya que fue ella la que dio a conocer «la barbaridad» del proyecto del pasante que quieren construir por debajo de la playa de la Concha. «Siguen dando pasos para la licitación de la obra en un proceso, desde nuestro punto de vista, plagado de irregularidades», censuraron.

Otra de las «mentiras» que mencionaron es que digan que las obras están a punto de empezar, «lo que hace que los ciudadanos crean que ya no hay nada que hacer» para evitarlo.

Además, a lo largo del recorrido pidieron a las instituciones que inviertan «los 200 millones de euros» que costarán las obras en gastos sociales.