El pasado julio fue el mes más violento en México desde marzo de 2013, con una cifra récord de homicidios, la gran mayoría ocurridos en el estado de Guerrero. Según un recuento del diario mexicano “Milenio”, se produjeron al menos 1.054 homicidios, la cifra más alta del Gobierno de Enrique Peña Nieto, incluso por encima de las 1.048 muertes violentas ocurridas en marzo de 2013, el mayor registro hasta ahora.

Este dato evidencia además una tendencia alcista. En los tres meses anteriores se denunciaron 801, 854 y 982 homicidios dolosos, mientras que en el registro anual las muertes violentas han aumentado un 32 y un 26% respecto a 2015 y 2014.

El 30 de julio, siete miembros de una misma familia fueron ejecutados en la localidad de Tepecoacuilco, en Guerrero. Los cuerpos fueron hallados por los agentes de la Policía Preventiva en el interior de una vivienda de la colonia Las Brisas tras recibir una llamada anónima.

El domingo, también en Guerrero, mataron a ocho personas en varios ataques en Acapulco, que de ser un destino turístico importante ha pasado a ser una de las ciudades más peligrosas del mundo. Fuentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero indicaron que alrededor de las 2.00 (hora local) se produjo un tiroteo en un bar con un saldo de tres muertos. Horas más tarde, las fuerzas de seguridad encontraron tres cadáveres en el interior de un automóvil en la colonia popular La Garita. Dentro del maletero hallaron los cuerpos de un hombre y una mujer, mientras que en los asientos traseros había otro hombre muerto. Todos ellos tenían las manos amarradas y señales de tortura. Por otra parte, agentes de la Policía Federal encontraron osamentas de tres personas en una fosa clandestina a las afueras del puerto turístico de Acapulco.

Ese mismo día en Michoacán, fueron hallados los cuerpos calcinados de nueve personas en el interior de una camioneta en el municipio de Cuitzeo.

En relación a estos hechos fueron detenidos el alcalde y el jefe de la Policía del municipio de Álvaro Obregón. El alcalde Juan Carlos Arreygue habría ordenado su secuestro, muerte y posterior incineración. «Tras la detención, por instrucciones del presidente municipal, los civiles fueron trasladados a un paraje del municipio de Álvaro Obregón, donde los privaron de la vida. Llevaron los cuerpos al municipio de Cuitzeo, donde les prendieron fuego», informó el fiscal José Martín Godoy.