Agentes de la Ertzaintza y de la Policía Local de Gasteiz desplegaron ayer un cordón policial en el número 33 de la avenida Iruña Veleia para proteger a los miembros de la comitiva judicial, que se acercaron a Zabalgana a desahuciar a una mujer llamada Sandra y sus dos hijos menores de edad. Según informó Efe, la vivienda es de protección oficial y está tutelada por Etxebide, aunque el arrendador es un particular que quiere vender el piso.

Decenas de personas se acercaron para mostrar su apoyo a Sandra y denunciar la actitud del juez, que aprobó la ejecución del desahucio sin haber garantizado previamente una alternativa habitacional a esta familia monoparental, en situación de especial vulnerabilidad.

«Era un alquiler entre particulares, y no entramos en eso, seguro que el propietario tiene sus razones, y seguro que la desahuciada tiene sus argumentos. Pero es absolutamente necesario tener una garantía habitacional antes de desahuciar a nadie, porque se ha dicho a nivel europeo que el desalojo es la forma mas violenta de vulnerar el derecho a la vivienda, un derecho fundamental», destacó Arturo Val del Olmo, portavoz de Kaleratzeak Stop Araba.

La presencia de la Policía Local fue especialmente criticada. El Ayuntamiento de Gasteiz indicó que ha ofrecido un alojamiento temporal a Sandra y a sus hijos, que se trasladarán a una vivienda de alquiler a finales de año. Además, el Consistorio se comprometió a mantenerla en el padrón para que pueda recibir la RGI.