La Fiscalía General del Estado ha pedido suspender la declaración de los querellantes citados ante diversos juzgados españoles a petición de la jueza argentina María Servini para determinar si los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la Guerra Civil pueden considerarse de lesa humanidad.

La Fiscalía remitió este criterio el pasado 30 de septiembre a través de una instrucción que fue aplicada ayer por la titular del juzgado número 4 de Oviedo, al suspender la declaración prevista del ex secretario general del PCE Gerardo Iglesias.

Iglesias se sumó a la querella instruida por la jueza argentina por el principio de la justicia universal a raíz de la denuncia presentada en 2010 más de cien asociaciones.

El pasado 1 de abril, los abogados de las víctimas del franquismo denunciaron la falta de colaboración y respuesta del Ministerio de Justicia ante la petición cursada por la jueza Servini para viajar al Estado español a tomar declaración a 19 ex altos cargos de seguridad durante la dictadura franquista.

La Fiscalía se opone también a las declaraciones de estos cargos franquistas con el argumento de que los hechos que se intentan investigar competen a la justicia española y subraya que estarían «claramente prescritos», en alusión a la Ley de Amnistía. Además, defiende la «transición» como «voluntad del pueblo español articulada en una ley» que «no puede ser cuestionada por ningún juez ni tribunal.

Según el Ministerio Público, pese a que los tratados internacionales determinan que los delitos contra la humanidad no prescriben, «esa exigencia ha sido llevada al ordenamiento jurídico español, tiene una aplicación de futuro y es procedente otorgarle una interpretación retroactiva por impedirlo la seguridad jurídica». La Fiscalía, que rechaza también la apertura de una causa en Argentina sobre los menores sustraídos durante el franquismo, señala además que existen otros procedimientos abiertos en el Estado español para el restablecimiento de la memoria histórica «conforme a los principios democráticos de la Constitución».

«Aún en el altamente improbable caso de que se individualizara en un responsable vivo y con capacidad de obrar procesal, las autoridades españolas no podría conceder la extradición por tratarse de hechos competencia de los tribunales españoles, prescritos y amnistiados», sostiene el Ministerio Público.