La Fiscalía, la acusación particular, ejercida por el Gobierno de Gasteiz, y los abogados de Adam Laamirni y Oier Martínez del Campo, imputados por participar en el muro popular formado en mayo de 2015 para proteger a Aiala Zaldibar, Igarki Robles e Ibon Esteban, cerraron ayer un acuerdo para evitar que los acusados fueran encarcelados. Las penas de prisión por «atentado a la autoridad» que pedía el Ministerio Público fueron sustituidas por sanciones económicas de 3.680 euros, al cambiar la calificación del delito a «resistencia a la autoridad».

En un comunicado, Gasteizko Harresia insistió en que ayer «no se hizo justicia». «Aprendimos hace tiempo que en nuestro pueblo justicia y ley no van de la mano. Si lo hiciesen, los juzgados serían los miembros de la Ertzaintza, por el nivel de violencia gratuita exhibido a la hora de detener a tres jóvenes protegidos por un muro formado por cientos de personas que practicamos la resistencia pasiva», añadió.

Laamirni y Martínez del Campo estuvieron arropados ayer por decenas de personas, que se concentraron frente al Palacio de Justicia de la capital alavesa para mostrar su compromiso en la defensa de los derechos civiles y políticos. «Cada vez que nos obliguen a optar entre ley y justicia, lo haremos por esta última», destacaron.

Y anunciaron nuevas movilizaciones de cara al 13 de diciembre, cuando serán juzgadas el resto de personas imputadas por participar en el muro popular de Gasteiz.