Gerry Kelly es una de las figuras más importantes de las últimas décadas del movimiento republicano irlandés. Militante del IRA, estuvo preso durante más de una década en la que protagonizó huelgas de hambre y la conocida fuga de la prisión de Maze. Luego impulsó el proceso de paz y actualmente es miembro de la Asamblea del Norte de Irlanda. Pero además ejerce como responsable de Policía y Justicia de Sinn Féin. Obviamente, una policía muy diferente a la que en su día combatió y por la que fue perseguido.

En su intervención ayer en Donostia, no ocultó que el asunto es muy difícil, en la línea de lo manifestado el viernes por Arnaldo Otegi en la presentación de las sesiones. De hecho, en el acuerdo de 1998 no hubo consenso y el asunto se pospuso. Un grupo de expertos se encargó de plantear cómo debiera ser la policía futura, y el propio Sinn Féin quedó muy sorprendido cuando «pusieron sobre la mesa 175 medidas, muy radicales». Entre ellas, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como el Consejo de Seguridad actual, que integra a todos los partidos del Parlamento irlandés. De sus 19 miembros, diez son políticos y tres pertenecen a Sinn Féin.

El proceso se demoró hasta 2007. Hizo falta casi una década desde el Acuerdo de Viernes Santo para que el congreso de Sinn Féin reconociera a su antigua enemiga acérrima, la policía del norte de Irlanda. Aunque desde 2001 la temible RUC (Gendarmería Real del Ulster) hubiera desaparecido para dar paso al PSNI (Servicio de Policía del Norte de Irlanda), precisamente a sugerencia de la Comisión Patten, las reticencias perduraban lógicamente entre la comunidad republicana. Recordó Kelly cómo hubo que celebrar muchas reuniones pueblo a pueblo para debatir el tema: «Las salas se llenaban hasta la bandera. A nuestra gente le decíamos ‘olvídate de la RUC por un momento, ¿tú crees que tiene que haber una policía en este sociedad? ¿Sí o no?».

La comunidad unionista tampoco contribuía a allanar el terreno a Sinn Féin, porque tenía sus propias estrategias de presión. En primer lugar, «el stablishment trató de aguar todas las recomendaciones de la Comisión Patten». Luego, cuando los republicanos dieron el sí, la otra parte arguyó que «no querían la transferencia de competencias policiales». Y en paralelo «temían que yo fuera responsable de Justicia», apuntó Kelly, por lo que se optó por dejar el asunto a un no-nacionalista.

La situación ahora tiene sus flecos pendientes, señaló Kelly. Por ejemplo, «con nuestra historia, es difícil que los nacionalistas quieran ser policías». También ha habido que afrontar crisis como la constatación de que seguía habiendo una formación militarista para los agentes, lo que ha obligado a introducir nuevas reformas. Y resulta evidente también que «sigue habiendo resistencia a dar información a la Policía sobre asuntos que no se han investigado durante 45 años». La situación no es perfecta, obviamente, pero menos dudas hay aún de que nada tiene que ver con la anterior.

Quebec, desde el instituto

Quebec se parece a Euskal Herria en la ansias de independencia, remarcó de entrada Serge Ménard. Y su modelo policial es igualmente complejo por su multiplicidad, «aunque por lo que veo aquí tenéis todavía más cuerpos», bromeó. Este veterano dirigente quebequés, que ha dirigido varios ministerios en su país, llegó a Donostia para explicar cómo reformó la Policía desde 1999. Aunque le separa un océano de Irlanda y el contexto social sea muy diferente, las conclusiones del proceso resultan similares a las de Kelly. Ve clave la comunicación externa («hay que convencer a la gente de la necesidad del cambio») y la formación interna.

Desarrolló sobre todo esto último, con detalles curiosos. Por ejemplo, en Quebec la formación policial puede hacerse desde el mismo instituto, escogiendo una asignatura de «técnicas policiales». No se trata de aprender a detener o cargar, sino cómo usar la palabra antes que la fuerza, qué son los derechos humanos, desde cuándo se insertan en la historia de su país...

La «persuasión» es la primera función de un agente, aseguró. Por eso, en su formación trabajan con actores que recrean situaciones en las que debe actuar un policía (como una pelea) para ensayar qué hacer ante ello.

 

Nafarroa, el sitio donde el telefonista de emergencias decide qué policía interviene

Euskal Herria no solo tiene muchos más uniformados de los que necesita, sino también más cuerpos de los precisos con capacidad legal de ser «policía integral». De ello hablaron Adolfo Araiz y Julen Arzuaga, parlamentarios de EH Bildu en Iruñea y Gasteiz respectivamente. Especialmente elocuentes fueron algunos detalles dados por el electo navarro, como que en casos de accidentes de tráfico «se ha producido una especie de carrera para ver quién llegaba primero» y que a menudo interviene una policía u otra simplemente «dependiendo de la persona que esté al teléfono» en el servicio de coordinación y a dónde derive el asunto. Aseguró que esto quizás no tenga parangón en el mundo, y lo ratificó el quebequés Ménard, que dijo que en su país sí están perfectamente acotadas las funciones de cada cuerpo.

Este desajuste se deriva de la negativa estatal a proceder al repliegue de la Policía española y la Guardia Civil. Pese a que la Policía Foral ha aumentado su plantilla hasta más de 1.000 agentes, sigue habiendo en Nafarroa sin justificación alguna 700 policías españoles y 1.700 guardias civiles, duplicando así el ratio medio europeo. El acuerdo programático del cambio remarca que la Policía Foral debe asumir todas las competencias de policía integral, para lo que está facultada según la ley navarra de 2007 que UPN ha eludido desarrollar. Pero Araiz se declara muy consciente de que «habrá que pelear con el Estado y será complicado». Su aspiración es una Policía Foral «democrática, con capacidad de rendir cuentas, de proximidad y bilingüe».

En la CAV la presencia policial española es menor, pero la Ertzaintza merece un análisis especial. Arzuaga recordó su pasado de muertes en enfrentamientos y cargas, a las que se suman dos casos en comisaría, y evocó lo ocurrido en años recientes con Iñigo Cabacas y Remi Ayestaran. Sobre el momento presente, apuntó que Serge Ménard le ha explicado que el nuevo material antidisturbios ya ha provocado alguna muerte en otros lugares y que la Ertzaintza ha aplicado la Ley Mordaza 3.900 veces, «lo que es una pasada de dinero». Mirando ya al futuro, demandó una Ertzaintza desmilitarizada, democrática, «que resuelva problemas y no cree más» y más reducida para potenciar los cuerpos locales. R.S.