La aritmética no sonríe a Mariano Rajoy, que ha pasado de disfrutar de una holgada mayoría absoluta a verse obligado a lidiar con un Congreso en el que el PP pierde votaciones. Que el turnismo se haya roto y operen ahora Podemos y Ciudadanos, que pueden sumar mayoría con el PSOE, provoca una imagen inédita: la del Gobierno siendo doblegado en asuntos que marcaron la pasada legislatura, como la Ley Mordaza o la Lomce. El problema está en comprobar hasta qué punto el Legislativo, es decir, la Cámara Baja, tiene capacidad para forzar al Ejecutivo a cambiar su rumbo y, por ejemplo, derogar leyes, o si Rajoy tiene margen para imponer sus políticas a pesar de periódicas derrotas parlamentarias. En realidad, el presidente español tiene diversas herramientas que le permiten ignorar los mandatos del Congreso. Por un lado, puede vetar determinadas normas argumentando que afectarían a la estabiliad presupuestaria. Por otra, puede saltarse los acuerdos de la Cámara Baja por elevación, pactando medidas ejecutivas con el PSOE, como ha ocurrido con el último aumento del salario mínimo.

«Cumpliré lo que sea obligatorio». Así de escueto se mostró Rajoy durante la sesión de control al Gobierno de la semana pasada, cuando Pablo Iglesias, líder de Unidos Podemos, le interrogó sobre su disposición a someterse a las votaciones del Congreso. Puso como ejemplo el caso de la Lomce. Recientemente, el Congreso aprobó la toma en consideración de una proposición de ley que implicaba su derogación. El Ejecutivo, sin embargo, ha vetado su tramitación, argumentando que se perderían fondos europeos. En el último mes, La Moncloa ha frenado un total de 16 leyes sociales que habían sido propuestas tanto por la mayoría alternativa en el Congreso (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos) como por Comunidades Autónomas. Entre las proposiciones que el PP rechaza está la revalorización de las pensiones, el derecho universal a la asistencia sanitaria, la supresión de las tasas judiciales o las mejoras de prestaciones por hijo. También se ha echado atrás una ley aprobada por el Parlamento de Gasteiz que preveía la creación de un fondo de ayuda para las víctimas del amianto. En todos estos casos, el razonamiento esgrimido por el PP siempre es el mismo: las modificaciones descuadrarían las cuentas del Estado.

Sin llegar a utilizar esta herramienta, Rajoy también dispone de mecanismos para retrasar la aprobación de leyes que no sean de su gusto. Sin caer en el portazo legislativo, el presidente, que disfruta de la mayoría absoluta en el Senado, puede también alargar el proceso para sacar una ley devolviéndola de la Cámara Alta a la Cámara Baja. Es cierto que si el Congreso vuelve a aprobar la norma, tiene que ser tramitada, pero con este mecanismo el PP puede ganar un tiempo precioso. ¿Estará dispuesto a no cumplir un mandato del legislativo? Nunca se ha producido tal caso, aunque también es verdad que la situación es inédita.

La tramitación del salario mínimo ha simbolizado otra de las vías que dispone el PP para saltarse al pleno: pactar directamente con el PSOE y convertir lo que se apruebe en el Congreso en agua de borrajas. Una proposición de Unidos Podemos, aprobada para su debate, abogaba por subirlo hasta los 800 euros. Los de Javier Fernández dieron su visto bueno, aunque se trataba de una jugada de cara a la galería. Al mismo tiempo, Ferraz pactaba con La Moncloa un incremento del 8%, lo que haría que se quede en 707,6 euros. Con esta maniobra, que está también vinculada a la aprobación del techo de gasto, el PSOE intenta presentarse como «oposición útil». Es decir, como una fuerza capaz de arrancar beneficios a Rajoy. Sin embargo, al invalidar la vía parlamentaria, la verdadera consecuencia es dejar al jefe de Gobierno con las manos todavía más libres. Al final, permitir la investidura no era gratis. Y todavía queda el debate de presupuestos.