El juez federal argentino Julián Ercolini procesó a la expresidenta Cristina Fernández y le impuso un embargo de más de 614 millones de euros en la causa en la que es investigada como integrante de una supuesta asociación ilícita que concedió fondos por casi 2.104 millones de euros para obras de públicas Austral Construcciones SA, del empresario Lázaro Báez.

La exmandataria había presentado recientemente un escrito ante Ercolini para pedir la nulidad de la causa y señalar que «es una maniobra formidable de persecución política» y «un disparate mayúsculo».

Una cámara de apelaciones había confirmado el 11 de noviembre la inculpación de Fernández en otro caso por presunto perjuicio al Estado, el segundo desde que dejó la Presidencia hace un año, relacionado con operaciones cambiarias del Banco Central. El tribunal le impuso entonces un embargo por 956.344 euros.

Cristina Fernández (2007-2015) está acusada de otorgar obras de infraestructura en favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz (Patagonia), donde su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, fue gobernador y donde vivieron hasta 2003.

Asociación para cometer delito

Los acusados «habrían formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz», afirmó Ercolini.

Santa Cruz, que ocupa el 9% del territorio nacional, había recibido el 11,2% de las obras viales del país, lo que no parece desproporcionado.

Ercolini también procesó en la causa a Báez y al exministro de Planificación Julio de Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López, detenido en junio cuando, según las autoridades, intentaba ocultar una bolsa con 8.607.798 euros en un convento de monjas de la periferia de Buenos Aires. El empresario Lázaro Báez, cercano al fallecido Kirchner, fue detenido en abril por presunto lavado de dinero.

«No soy amiga ni socia»

«No soy amiga ni socia comercial de Báez», declaró el 31 de octubre al salir del Palacio de Tribunales. El procesamiento en Argentina supone que el magistrado halló pruebas suficientes para inculparla. El proceso seguirá su curso hasta que se ponga fecha para el juicio oral ante un tribunal federal.

Fernández asegura que el Gobierno de Mauricio Macri, una alianza de derechistas y socialdemócratas, influye en un grupo de jueces para acusarla y distraer la atención de la sociedad de graves problemas sociales y económicos, entre ellos una recesión que hunde el producto bruto interno en 2,4% en lo que va del año, según datos oficiales.

En la causa monetaria denominada «dólar a futuro», la Justicia entiende que la operación benefició a inversionistas. Ellos pactaron ventas de divisas a marzo cuando el Gobierno intentaba bajar expectativas de devaluación. Pero en diciembre, al asumir Macri, el tipo de cambio se fijó en 14 pesos por dólar y los especuladores ganaron fortunas. Fernández dice que si hay delito, lo cometieron los devaluadores.

En el caso del otorgamiento de licitaciones en Santa Cruz, Ercolini subrayó que la compañía de Báez ganó licitaciones por casi 2.104 millones de euros durante el Gobierno de Fernández. La cifra implica que Austral se impuso en el 78,4% de los concursos adjudicatarios.

Las investigaciones sobre denuncias de corrupción durante la gestión de Fernández se reactivaron con fuerza tras la llegada del Gobierno de Macri, algo que la exmandataria considera una «persecución judicial» que podría dejarla tras las rejas.