Tres miembros de la coalición de centro-derecha que gobierna el Seimas o Parlamento de Lituania y que está conformada por la Unión de Verdes y Agricultores y la Unión por la Patria-Alianza Cristianodemócratas (Dovile Šakaliene, Zenonas Streikus y Robertas Šarknickas), provocaron una gran polémica en los medios cuando presentaron una propuesta en la que se pretendía obligar por ley a que al menos el 50% de todo el contenido publicado o difundido fuera información «positiva».

El memorándum explicativo que acompañaba esta propuesta afirma que la corrupción, los abusos de poder y otros problemas se han convertido «con frecuencia en foco de atención de los medios de comunicación» y todo ello provoca, en opinión de los redactores de la propuesta de ley, que este tipo de noticias «negativas» contribuya a que «el público se sienta decepcionado con las autoridades públicas y se distancie de la vida política, y, además, promueva la desconfianza en los propios medios de comunicación y en la información que publican».

A modo de colofón apoteósico, los representantes políticos han alegado que sus enmiendas tienen como objetivo «proteger la salud mental del público».

La reacción por parte de los medios lituanos no se hizo esperar y mostraron su indignación y rechazo hacia una jugada que, según expresan, no era más que una «burda maniobra para introducir la censura». Los medios hicieron especial hincapié en las manifestaciones de la diputada Dovile Šakaliene, la cual subrayó que esta ley «no pretende censurar, sino ayudar a los medios de comunicación a publicar contenido más positivo junto a la información negativa y ayudar a los periodistas que se esfuerzan en mostrar una información más positiva». Los medios también han mostrado su preocupación, ya que Šakaliene sostuvo asimismo que se trataba de un intento de evitar propuestas más radicales de restricción de los medios de comunicación que había escuchado de sus compañeros en el Parlamento. Esta proposición de ley finalmente fue desechada tras la polémica pública que provocó en cuanto fue dada a conocer, lo que obligó a que los diputados que la propusieron cambiarán su discurso y señalaran que «esta ley nunca pretendió ser incluida en el Parlamento». A finales de 2016, los diputados lituanos propusieron una modificación del Código Civil que no llegó a ser aprobada y que permitía acusar a los periodistas de difamación cuando publicaban información imprecisa referente a una personalidad pública.