Una votación de los diputados brasileños impidió anteayer que se investigue al presidente, Michel Temer, acusado de haberse beneficiado de sobornos. De esta forma, el actual presidente, aupado al cargo por un golpe institucional que destituyó a la presidenta electa, Dilma Rousseff, vuelve a recibir el apoyo de aquellos que le eligieron para encabezar la revuelta. El hecho de que durante las últimas semanas se haya dedicado a entorpecer la investigación y a buscar el apoyo de los diputados mediante leyes que liberan inversiones de forma selectiva no ha hecho sino aumentar las sospechas.

Con todo, las repercusiones de aquel golpe institucional son muy profundas. En su vertiente interna, la retórica de las reformas económicas a duras penas oculta un amplio plan de austeridad con el que se están desmontando los programas sociales que con una estrategia bien articulada fueron construidos durante los gobiernos de Lula y Rousseff. Y el despliegue del ejército en Río de Janeiro muestra la disposición del actual ejecutivo a tomar medidas extremas para hacer frente al creciente malestar generado por las cada vez más amplias desigualdades sociales.

En su vertiente exterior, el llamado golpe de Estado blando ha reducido el papel internacional desempeñado por Brasil durante los anteriores gobiernos progresistas al de mera comparsa de los poderosos. Significativo ha sido el cambio en relación con Venezuela, donde ha pasado de ser mediador aceptado por las partes enfrentadas a simple hostigador del gobierno electo. Más elocuente todavía fue el paso de Temer por la cumbre del G20 celebrada en Paris el mes pasado, donde ignorado por todos no mantuvo ni una sola reunión bilateral.

El golpe de salón que aupó a Temer a la presidencia, además de ser un ataque directo a la democracia, está consiguiendo hundir interna y externamente al país más grande y poderoso de América del sur.