Los impuestos vuelven a la actualidad política tras el paréntesis veraniego. Ayer el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, aprovechó el pleno de política general para dejar clara cuál es su postura sobre la reforma fiscal tan largamente anunciada: no tocar los impuestos a los ciudadanos y bajar el Impuesto de Sociedades. Justificó su postura aduciendo que este último lo pagan las empresas y no sus dueños. Olvidó añadir que lo que las empresas no pagan a Hacienda, se lo reparten luego sus dueños. Rescató la idea de que es un impuesto que recauda poco, argumento que utilizaron en su día para justificar la supresión del impuesto sobre patrimonio. Y terminó su alegato definiendo el Impuesto de Sociedades no como un impuesto sino como una herramienta para hacer política económica. En definitiva, el diputado general de Bizkaia sostuvo un discurso completamente ideologizado sobre el Impuesto de Sociedades, alejado de cualquier consideración sobre la justicia social o la eficiencia económica, que busca bajarlo a corto plazo para eliminarlo definitivamente a medio plazo.

El contrapunto a su discurso lo puso el también miembro del PNV y consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu. Este reconoció que las empresas en Euskal Herria pagan pocos impuestos y que su beneficio bruto está creciendo. Afirmó que a pesar de ello muchas empresas continúan en una situación financiera delicada y abogó por una subida de salarios. Azpiazu entiende que el problema no es, ni mucho menos, los altos impuestos, sino la baja demanda por los menguantes ingresos de los trabajadores; y por ello volvió a abogar por un aumento de los salarios que den aire al consumo y, de paso, a las empresas.

Pero pedir al sector privado que aumente los salarios cuando el sector público también tiene una importante responsabilidad sobre el ingreso y el gasto del presupuesto público resulta muy llamativo. Podría empezar por poner en práctica su consejo en su propio negociado.