Tras casi dos años de lucha, el conflicto de las residencias de Bizkaia entra en su fase resolutiva. El acercamiento entre la mayor patronal y el sindicato mayoritario es un hecho. La petición de ambos a la Diputación para que retrase la publicación de los nuevos pliegos ha sido aceptada. De esta manera se abre un tiempo para que se pueda acordar un nuevo convenio sectorial en el que también participen el resto de patronales del sector. Un tiempo para el acuerdo en el que se mantiene la movilización.

La larga lucha de las trabajadoras –la aplastante mayoría son mujeres– de las residencias de Bizkaia está dejando en evidencia algunos elementos que conviene resaltar. El primero de ellos es que la atención a las personas mayores es un servicio público y como tal debería ser gestionado directamente por la Administración. A pesar de ello, los responsables políticos limitan su actuación a aprobar los pliegos de condiciones del servicio con lo que, de hecho, se encuentra parcialmente privatizado. El resultado es que se observan grandes diferencias en las condiciones de trabajo entre las residencias públicas y las concertadas que, naturalmente, se traducen también en calidades de servicio dispares. La prolongada movilización ha puesto de manifiesto la diferente calidad en un servicio público, financiado con dinero público, pero que reporta importantes beneficios a empresas privadas y a instituciones que, en teoría, carecen de ánimo de lucro.

Esta lucha ha conseguido un amplio respaldo social que resalta todavía más la escasa sensibilidad social del PNV. No solo se ha mantenido de perfil en Bizkaia, sino que ha detenido el proceso iniciado en Gipuzkoa por el anterior Gobierno foral para asumir la gestión de las residencias municipales. Y ahora el Gobierno de Gasteiz prepara un decreto sobre residencias que pretende rescatar ratios del siglo pasado. A pesar del insistente lema, escaso compromiso con las personas, sean mayores o sean trabajadoras.