El principio rector que guía a la denominada comunidad internacional es la estabilidad. Ante la duda, statu quo. Ese consorcio de instituciones e intereses es conservador por naturaleza, lo que explica en gran medida su decadencia y su ceguera ética y política respecto a todo tipo de injusticias. Esta era la carta final del Estado español en Catalunya, pero su salvajismo contra un pueblo que solo quería votar ha provocado que se abra una grieta en ese corporativismo retrógrado. El relato de la diplomacia independentista se veía confirmado por unas imágenes estremecedoras retransmitidas a nivel mundial.

Más allá de los medios internacionales, ayer hubo apelaciones importantes al Gobierno español. Destaca la petición del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para que realice «una investigación imparcial» sobre la violencia policial. También el informe preliminar del grupo de observadores independientes que muestra su estupor ante unos ataques inauditos contra la población, a la vez que certifica que la votación tuvo lugar y no sufrió manipulación. Pero sobre todo, resultan chocantes por poco comunes declaraciones como la de la Comisión Europea, que tras repetir el mantra de la «cuestión interna española», afirmaba que «la violencia no puede ser un instrumento en política», mientras los corresponsales en Bruselas repreguntaban duramente al representante comunitario por su opinión sobre la bestialidad del domingo y el derecho a votar. Donald Tusk hizo público que había llamado a Mariano Rajoy y que le había advertido sobre el uso de la violencia.

El Govern ha pedido amparo, mediación e interlocución internacional ante las repetidas violaciones de derechos. Este momento tiene opciones inalcanzables para una nación sin Estado. Catalunya, además de todo lo demás, ha abierto una ventana en la comunidad internacional. Siguiendo el criterio de la estabilidad, no hay nada más inestable que un Estado que busca humillar a un pueblo que pide democracia y libertad.