La renovación del Convenio Económico con el Estado ha dejado un balance favorable a Nafarroa de 215 millones. Corresponden a lo abonado de más estos dos últimos años y que ahora el Estado deberá devolver. Todas las fuerzas políticas mostraron ayer su satisfacción por el acuerdo alcanzado. Sin duda se trata de un hecho positivo, fruto del concienzudo trabajo de cálculo realizado por el equipo de Hacienda encabezado por el consejero Mikel Aranburu y de la voluntad política del Gobierno navarro de defender los intereses de la ciudadanía navarra.

Sin embargo, este desenlace también hace plantearse algunas cuestiones. La ausencia de cálculos precisos en anteriores renovaciones del Convenio resulta llamativa, sobre todo por el importante coste que ha tenido para las arcas navarras, que, de hecho, han estado financiando al Estado durante los años duros de la crisis. De la misma forma, pero en sentido contrario, con el conflicto del IVA de Volkswagen quedó de manifiesto que era el Estado el que estaba subvencionando al anterior régimen. Posiblemente estas quiebras de los equilibrios financieros reflejen mejor que muchos discursos la verdadera naturaleza del Convenio: un pacto entre la élite local y el Gobierno de Madrid que permite desviar recursos en una dirección o en otra, en función de las necesidades de cada uno de ellos, y que poco tienen que ver con un instrumento de autogobierno. Similar es la naturaleza del Concierto de la CAV, que también ha financiado al Estado vía Cupo durante la crisis, y sobre el que pende ahora la decisión de Mercedes de Gasteiz que puede trastocar toda la recaudación por IVA.

Recuperar lo abonado de más, por otro lado, no quiere decir que se pueda gastar ese dinero en políticas públicas que devuelvan a la ciudadanía el esfuerzo realizado, como recordó el consejero Aranburu, debido la ley de Estabilidad Presupuestaria y su famosa regla de gasto. Tanto cuando cobra como cuando paga, Montoro gana. Lo que este país necesita con urgencia es soberanía económica.