Llegó el día. Casi ocho años después, hoy comienza el juicio por el “Caso De Miguel”. Una presunta trama de corrupción que puso contra las cuerdas al PNV alavés. En total hay 26 imputados, entre los que figura el exdiputado de Administración Local y Equilibrio Territorial durante el mandato de Xabier Aguirre, Alfredo de Miguel. La Fiscalía le imputa 21 delitos y pide una pena de 54 años de prisión por haber diseñado una trama para obtener comisiones ilegales.

Junto a De Miguel se sentarán en el banquillo de los acusados Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, que en el pasado formaron parte del Araba Buru Batzar; Alfredo Arriola, exgerente del Parque Tecnológico de Miñano; Iñaki San Juan, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Leioa entre 2000 y 2004; Xabier Sánchez Robles, director de Juventud de Lakua durante la etapa de Juan José Ibarretxe; y Gurutz Larrañaga, que fue el número dos de Miren Azkarate en el Departamento de Cultura.

La Fiscalía solicita una pena de 119 años de prisión para todos los imputados, que se enfrentarán a un largo proceso judicial en el que está previsto que testifiquen más de 150 personas. El presidente del tribunal, Jaime Tapia, explicó el pasado miércoles que las primeras semanas estarán destinadas a dirimir cuestiones previas, entre las que figura si los acusados deben declarar los primeros, ya que algunos abogados van a solicitar que los interrogatorios de los imputados se practiquen en último lugar.

Así, la fase de prueba no arrancará antes del 19 de febrero, y se prolongará hasta el 25 de octubre, aunque Tapia no descartó que el proceso se alargue hasta diciembre. No en vano, el “Caso De Miguel” es el mayor sumario por presunta corrupción abierto en la CAV, por lo que se ha decidido dividir el proceso en doce piezas. La primera pieza, relacionada con Miñano, fue la que destapó la existencia de una red creada para el cobro de comisiones.

Marzo de 2010

La operación policial que marcó el inicio del “Caso de Miguel”, realizada en marzo de 2010, fue fruto de una denuncia presentada por la empresaria Ainhoa Alberdi, que acudió a la Fiscalía de Araba después de que Alfredo de Miguel y Aitor Telleria le reclamarán el pago de una comisión de 100.000 euros por la adjudicación del contrato de ampliación del Parque Tecnológico de Miñano a Urbanorma Consulting, sociedad mercantil en la que trabajaba.

Alberdi aportó 24 grabaciones y varios correos electrónicos para sustentar su denuncia, que destapó una maraña societaria empleada para camuflar comisiones. Tal como recoge la información publicada por eldiarionorte.es, un informe entregado en julio de 2011 advierte del cobro de comisiones por contratos de obra pública adjudicados en Zigoitia y Lapuebla de Labarca, gobernados por el PNV durante los años en los que tuvo lugar la investigación. Al parecer, las facturas se camuflaban como supuestos asesoramientos que no consta que se realizarán.

Las comisiones recaudadas por las empresas vinculadas a De Miguel rondan los 710.000 euros, a los que se hubieran sumado los 100.000 euros que reclamaban a Urbanorma Consulting por la adjudicación de Miñano. No obstante, esta puede ser solo la punta del iceberg, ya que la Justicia analiza operaciones financieras que ascienden a 15,5 millones de euros.

Un proceso que suscita recelos en Sabin Etxea

El “Caso De Miguel” se ha convertido en un macrojuicio por corrupción en el que se ven implicadas personas vinculadas al PNV, una formación que en numerosas ocasiones a criticado la labor del juez instructor.

La semana pasada la presidenta del Bizkai Buru Batzar, Itxaso Atutxa, denunció la «lentitud» de la Justicia y afirmó que, a su juicio, «hay intencionalidades contra el PNV absolutamente claras».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi y recogida por la agencia Europa Press, la burukide señaló que la «primera gran injusticia es que se haya prolongado tanto este y otros juicios». «Y en más de una ocasión con intencionalidad manifiesta de atacar al PNV, que es lo que se está buscando con este tema», añadió antes de mostrar su confianza en que el juicio no se convierta en «un show mediático informativo y televiso».

Las declaraciones de Atutxa son similares a las que han realizado durante estos años otros dirigentes del PNV. El propio lehendakari, Iñigo Urkullu, censuró en 2015 «la judicialización de la política y la politización de la justicia». «¿Cuántos casos se han pretendido denunciar queriendo implicar al PNV, cuántos de esos casos han sido archivados, que afectan a diferentes administraciones?», preguntó.I.S.