La idoneidad o no de la prisión es un debate incipiente pero clave en nuestras sociedades. De los abolicionistas a quienes defienden la pena de muerte hay un abanico enorme. En el marco europeo la cuestión está más acotada, pero sigue siendo muy amplia: todos los estados recurren a la cárcel, pero hay quienes –Georgia o Turquía– encierra allí a parte considerable de la sociedad (250 personas de cada 100.000), quienes hacen uso más moderado –Alemania (78) o Italia (89)– y quienes –Islandia o San Marino– apenas recurren a ella.

Estas diferencias no se corresponden con el número de delitos, sino con los principios y tradiciones de cada país, matizadas por la política concreta de cada gobierno. Por si alguien tenía dudas, algo difícil en un país como Euskal Herria en que la cárcel es parte del paisaje desde siempre, el estudio comparativo del Consejo de Europa que hoy resume GARA sitúa al Estado español por encima de la media se mire al parámetro que se mire: porcentaje de personas presas, edad de las mismas, rigor de las condenas...

Si se analiza detenidamente el ránking, se comprobará que los estados que más recurren a la cárcel no son precisamente modelos de éxito; no constituyen los más fuertes de cada al exterior ni los más cohesionados en el ámbito interno. Y es que la prisión no resuelve problemas, solo los oculta de la vista. Ocurre en la esfera social y también en la política. Así, quienes hoy día reivindican en Madrid el mantenimiento o agravamiento de la prisión permanente revisable obvian que los terribles casos mediáticos que esgrimen como argumento se han producido precisamente cuando esa fórmula está en vigor. Y quienes lanzan hoy en Catalunya el mismo «todos a la cárcel» que ya entonaron antes Euskal Herria eluden la evidencia de que el problema político ha seguido vivo aquí como lo seguirá allí. Unos y otros, que en realidad vienen a ser casi los mismos, deberían empezar por mirarse en el espejo de este ránking europeo y reflexionar sobre su España.