El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein encargado de estudiar la euroorden contra Carles Puigdemont decidió ayer dejarle en libertad bajo fianza. Al mismo tiempo el Tribunal desestimaba la extradición por un delito de rebelión al considerar que no se cumple el requisito de violencia, aunque todavía queda pendiente la posible extradición por un delito de malversación.

La decisión del Tribunal alemán llega apenas unos días después de que se hicieran cargo del caso. La rapidez en la resolución relativa al delito de rebelión indica claramente la endeblez y la inconsistencia de la acusación formulada por el Estado español contra Carles Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas, a día de hoy encarcelados o en el exilio. Es más, la resolución supone un duro golpe para la estrategia del Gobierno español que pretendía transformar un intento pacífico y democrático de ejercer el derecho a decidir y la posibilidad de construir una República catalana en poco menos que en un golpe de Estado sangriento, salvaje y cobarde. Por otro lado, la decisión confirma una vez más la falta de independencia de los tribunales de justicia españoles tantas veces denunciada por los organismo internacionales. Un somero análisis por una instancia independiente ha bastado para desmontar una acusación de uso de la violencia que no se sostiene. Es más, haber involucrado a tribunales de otros países no permite al Gobierno español continuar como hasta ahora retorciendo la ley para lograr objetivos políticos inmediatos, mientras desdeña las resoluciones contrarias de instancias internacionales que llegan años más tarde.

A pesar del revés, la resolución de la justicia alemana podría verse también como una invitación a buscar una salida política a la reivindicación de Catalunya a decidir su futuro. Por desgracia, la clase política española no es muy dada a las sutilezas, menos todavía tras semejante golpe a sus pretensiones y estrategias.