El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, continuaba bajo presión ayer, pese a que revocó la reforma del sistema de pensiones que detonó una ola de violentas protestas, saqueos y choques con la policía que dejaron al menos 25 muertos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Entre las víctimas figuran menores de edad, estudiantes antigubernamentales, policías y miembros de la Juventud Sandinista, movilizados para apoyar al gobierno.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que ha sido aliado de Ortega, mantuvo la convocatoria de una marcha contra el gobierno, mientras los estudiantes que iniciaron las protestas insisten en que no cesarán su movimiento. Igualmente, el clima de distensión que intentó crear Ortega con el retiro de la reforma a las pensiones se disipó con una carga policial la noche del domingo en la sede de la Universidad Politécnica, donde estaban atrincherados los manifestantes.

Ortega buscó el domingo aplacar la furia de las calles revocando los aumentos en las contribuciones obreras y patronales al fondo de pensiones que administra el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS).

Esos incrementos fueron la chispa que encendió las protestas iniciadas el pasado miércoles por un grupo de estudiantes, que rápidamente se extendió a otros sectores de la sociedad.

«Las protestas ya no son solo por el INSS, es contra un gobierno que nos niega libertad de expresión, libertad de prensa y de manifestarnos pacíficamente», declaró a la AFP Clifford Ramírez, un estudiante de 26 años que participó en las marchas. «Creemos que ya no hay espacio para el diálogo», agregó.

Las protestas se recrudecieron el fin de semana, con barricadas de piedras y neumáticos incendiados en las calles, mientras turbas saquearon comercios en varios puntos de la capital. Ortega los comparó a las maras del norte de Centroamérica.