De «desproporcionada» han calificado las asociaciones españolas de jueces y magistrados, la reacción social ante la sentencia de “La Manada”. ¿Sería proporcionado un tuit diciendo «jolín, no hay derecho»? O tampoco, porque los jueces parecen investidos, no de toga, sino de un poder divino que no cabe cuestionar, discutir ni rechazar. Es fácil entender que al sistema no le haya gustado una respuesta social que, sin siglas ni dirigentes, ha saltado a las calles para gritar un hartazgo de siglos. Hartas de ser las únicas víctimas que, antes que reconocidas, somos juzgadas y culpabilizadas. Hartas de que midan nuestras faldas, nuestros escotes y nuestra voluntad. De jueces que determinan si quisimos o no, y cómo y cuánto, por el número de golpes, de cuchilladas, o por no estar ocupando un ataúd. Asqueadas de tanto «consentimiento» y «orgía y jolgorio» al calor de la superioridad física, la fuerza bruta, las manadas y las burundangas. Hartas de impunidad. Hartas de tanto «lo que hay que cambiar es el sistema» mientras se repiten los mantras que refuerzan ese mismo sistema: la ley está para cumplirla, las decisiones judiciales no se cuestionan. Hartas de que lo proporcional y conveniente sea esperar a que el sistema cambie por sí sólo, contemplando mientras, sin hacer ruido ni molestar, este paisaje insoportable de mujeres rotas.