19/08/2018

Reportage
 
FINALIZA EL RESCATE A GRECIA, QUE CONTINÚA PRESA DE LA USURA

Mañana, lunes, termina el tercer programa de asistencia a Grecia, aunque en realidad la supervisión de la Troika continuará. Un repaso a las principales proporciones de la economía griega revela el daño causado hasta ahora. Y las draconianas exigencias a futuro recuerdan prácticas de usura.

Isidro ESNAOLA
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Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa…». Así comienza el primer artículo de la ley contra la usura aprobada en el Estado español en 1908, en la que, conviene recalcar, se considera que usura no es solamente la exigencia de elevados intereses, sino también aquellos préstamos que conlleven condiciones leoninas. Esta norma, conocida como ley Azcárate, todavía vigente en muchos de sus artículos, no parece que sea aplicable al llamado rescate griego.

Oficialmente, este lunes, 20 de agosto, termina el rescate, o por su nombre técnico, el programa de asistencia financiera a Grecia. En conjunto, han sido tres programas –correspondientes a los años 2010, 2012 y 2015– por los que el Gobierno heleno ha recibido 288.700 millones de euros, con lo que la deuda griega alcanza el 180% de su PIB. Un porcentaje solo superado por la deuda de Japón, del 223% del PIB. A diferencia de Grecia, la economía de Japón genera recursos por su importante industria exportadora y además el Gobierno controla la emisión de moneda, con lo que puede seguir financiando sin problemas esa descomunal deuda. Pero, incluso un país como Yemen, en guerra desde hace tres años, tiene su deuda por debajo de la griega, de alrededor del 135% del PIB.

De los tres «programas de asistencia», la firma del último fue con diferencia la más complicada. El Eurogrupo dio finalmente el visto bueno al programa el 13 de agosto de 2015, tras más de seis meses de negociaciones. El Gobierno liderado por Syriza trató infructuosamente de llegar a un acuerdo que permitiera aliviar el enorme peso que habían dejado los fracasos de los anteriores programas. Pero la inflexible posición de la Unión Europea llevó al Gobierno a convocar un referéndum en el que los griegos rechazaron con un 62% de los votos las condiciones impuestas. A pesar de ello, la UE obligó al Gobierno griego a aceptar los términos del tercer programa que ahora termina. Como señala el texto de la ley Azcárate, existen motivos para «...estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa…».

¿Realmente termina el programa?

El pasado 6 de agosto, el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) entregó a Grecia el último tramo del programa, 15.000 millones de euros. De estos, 9.500 se destinarán a una bolsa de efectivo, que suma ya 24.000 millones, con la que la autoridades europeas calculan que el Gobierno griego podrá cubrir sus necesidades financieras durante los próximos 22 meses. El resto, 5.500 millones, se destinarán al pago de intereses y amortización de la deuda. De esta forma, Grecia ha recibido finalmente 61.900 millones de los 86.000 previstos en el tercer programa y en teoría ya está en condiciones de encontrar financiación en el mercado. Hasta aquí, la versión oficial.

En realidad, el programa de supervisión de la política económica griega no termina este lunes, ni mucho menos. Todavía quedan muchas condiciones que deberá cumplir Atenas en el futuro. Para empezar, el Ejecutivo griego se ha comprometido a mantener una superávit primario en sus cuentas del 3,5% del PIB hasta 2022 y del 2,2% del PIB hasta el año 2060. Es decir, que los ingresos menos los gastos sin contar el pago de intereses tienen que generar un ahorro de nada menos que el 3,5% del PIB con el que afrontar el pago de los intereses y las amortizaciones de deuda. Esa cantidad es lo que aproximadamente un país como Euskal Herria gasta en educación. La Troika lo exigirá así durante los próximos cuatro años y a partir de 2022, durante 37 más, el 2,2% del PIB. Como no se cansa de decir Donald Trump a sus socios de la OTAN, el gasto militar de la mayoría de sus miembros no llega al 2%; sin embargo, a Grecia se le exige una cantidad superior para devolver deudas durante 37 años más. Recuerda mucho a «...condiciones tales que resulte aquél leonino...» de la ley Azcárate, más propias de la usura que de un «programa de asistencia».

Hasta el FMI se ha revuelto contra semejante plan y da la impresión de ser el último reducto de sensatez de la Troika. Considera que habrá que tomar nuevas medidas para aliviar el peso de la deuda, es decir, que pronto será necesario acordar quitas al monto total porque la deuda actual es impagable. Según sus estimaciones, Grecia puede estar en condiciones de lograr un superávit del 1,5% a largo plazo con un crecimiento de la economía que rondaría el 1%. Además, señala que la proporción de deuda sobre el PIB decaerá hasta 2038 pero que luego registrará un aumento ininterrumpido hasta el final de plazo. Por su parte, las autoridades europeas continúan impertérritas con sus exigencias. Recientemente, la portavoz de Jean-Claude Juncker, Mina Andreeva, rechazó la propuesta del FMI, aunque se vio en la obligación de señalar que en 2032 se volverá a revisar el programa.

A pesar de rechazar las críticas, el Eurogrupo se ha visto presionado a tomar varias decisiones con el objeto fundamental de mostrar cierta flexibilidad porque no modifica un ápice su postura. Así, ha alargado en diez años el vencimiento de los préstamos y ha dispuesto una moratoria de una década para empezar a devolverlos. Poca diferencia para un país cuya deuda pública casi dobla el PIB. Los estados europeos, en otro gesto que quiere mostrar generosidad aunque es un claro chantaje, se comprometen a devolver parte de los intereses que genere la deuda griega en el BCE, 1.000 millones de euros hasta 2022 en cómodos plazos, siempre que el Gobierno griego no de marcha atrás a las medidas ya aprobadas. Una muestra más del carácter democrático de la moderna usura.

Las secuelas del rescate

Las draconianas exigencias para la devolución de la deuda son la continuación de otras anteriores que han arrastrado ya a la economía griega a una situación absolutamente precaria. Según los datos adelantados por Eurostat, Grecia tiene las peores cifras de desempleo de la UE, con un 20,2% de paro registrado, seguida por el Estado español con el 15,2%. Respecto al paro juvenil la clasificación se repite: Grecia, 42,3%; Estado español, 34,1%. El desempleo continúa en registros estratosféricos. Pero las cosas no van mejor para aquellos con un trabajo. Los contratos a tiempo completo han caído del 79% en 2009 a apenas el 44%. Es decir, menos de la mitad de los trabajadores tienen un puesto de trabajo a jornada completa. Por otro lado, los llamados contratos «flexibles» han pasado de ser el 21% al 56%. La precariedad y la eventualidad marcan el paso en las relaciones laborales.

La falta de trabajo se palpa en la riqueza que crea la economía griega. Tras ocho años de rescates, el PIB se ha hundido un 26% y la renta per cápita en una proporción similar, pasando de 21.800 euros en 2008 a 16.000 en la actualidad. Según la agencia Efe, se calcula que los últimos ocho años han cerrado alrededor de 250.000 empresas. Un impacto demoledor sobre la economía del país.

Y el futuro es menos halagüeño todavía. Si se observa a qué se destina la riqueza creada, según “The World Factbook”, el consumo de las familias se lleva el 73% de la riqueza total, mientras se dedica solamente algo más del 10% de la riqueza a inversiones. Una proporción más propia de los países llamados en vías de desarrollo que de los países desarrollados. Como contrapunto tenemos que la media de los países de la Unión Europea: algo más de la mitad del PIB (54%) se dedica al consumo de las familias mientras que la inversión ronda el 20% de la riqueza. La famélica economía helena no está en condiciones de mantener un ritmo de inversión similar al del conjunto de la UE

¿Cómo romper el círculo vicioso?

Sin capacidad para ahorrar y poder invertir, la economía griega está condenada a ir consumiendo su capital hasta que colapse. Las inversiones son fundamentales, no ya para reponer el capital gastado, sino para crear nuevos puestos de trabajo. La impresión que da la Troika es que fia la ruptura del ciclo descendente de inversiones a la privatización de infraestructuras y empresas públicas. Teóricamente, los nuevos dueños invertirán en modernizar los activos que compren y, al mismo tiempo, el Estado obtendrá ingresos extraordinarios que podrá dedicar a nuevas inversiones.

Con este objeto, en 2011 se creó el fondo de privatizaciones llamado Hellenic Republic Asset Development Fund (Hradf). En sus primeros planes, la Troika pensaba recaudar mediante la venta de activos públicos 50.000 millones de euros, pero la realidad se ha impuesto. En 2015 el fondo apenas había conseguido 3.700 millones de euros. En las negociaciones del tercer «programa de asistencia» se acordó alcanzar el objetivo de los 6.400 millones.

Hasta el momento se han privatizado seis activos: Astir Vouliagmenis, un complejo hotelero de lujo comprado por un consorcio de capital turco y árabe; la gestión de 14 aeropuertos regionales, al consorcio Fraport de capital mayoritario alemán; el puerto del Pireo, al grupo Cosco de Hong Kong; el puerto de Tesalónica, a ThPASA, un consorcio de capital franco-alemán; la compañía ferroviaria Trainose SA, a la compañía italiana Ferrovie dello Stato Italiane; y, por último, la compañía de telecomunicaciones OTE SA, a Deutsche Telecom.

Llama la atención la importante presencia de capital europeo, así como la participación de empresas públicas. En todo caso, para que las privatizaciones sean efectivas tienen que cumplirse bastantes condiciones y en Grecia todo parece indicar que después de que las instituciones europeas hayan puesto contra las cuerdas al Gobierno de Syriza, ahora el capital de la UE se está haciendo con las joyas de la corona a precio de saldo.

Esta Europa que presume de católica debería recordar que ya el concilio de Nicea prohibió la usura. En la actualidad se practica sin ningún tipo de cortapisa contra países y pueblos, empobreciéndolos para después apropiarse de sus riquezas.