Meterse con el rey no es delito en Bélgica, un país con monarquía. Tampoco lo es la letra de cualquier canción. Así lo reiteró ayer un juez de este país europeo al rechazar de forma contundente la extradición del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, Valtònyc. Los pretendidos delitos de injurias a la Corona, calumnias y «enaltecimiento al terrorismo», que llevaron al Tribunal Supremo a confirmar la condena a tres años y medio de cárcel contra el cantante, no tienen un pase en Bélgica, convertida en la bestia negra de los tribunales españoles.

Lo expresó ayer con amargura el eurodiputado del PP Esteban González Pons: «En la Unión Europea del siglo XXI no puede haber santuarios en un país miembro en los que los huidos de la Justicia de otro país miembro se instalen impunemente». La línea argumental de Valtònic, sin embargo, es exactamente inversa: «Estoy feliz de ser libre aquí, animo a toda persona que sea perseguida por la Justicia española a que la busque en cualquier otro lugar». En este sentido, Valtònyc añadió que acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: «Crearemos un precedente y demostraremos que en España no hay libertad de expresión».

Los delitos por los que fue condenado a raíz de las letras de sus canciones prescriben en el Estado español dentro de cinco años. Preguntado ayer sobre si regresará entonces, Valtònyc respondió que no, dado que no se sentiría «seguro». No lo hará, según apuntó ayer, «hasta que no haya una república catalana efectiva». Ayer fue el propio Carles Puigdemont, también exiliado en Bélgica, el primero de una larga lista de dirigentes independentistas en felicitarlo.

La Fiscalía belga, que asume las acusaciones del Estado español –es lo habitual–, anunció ayer mismo que recurrirá la decisión, aunque el juez de Primera Instancia de la ciudad de Gante que rechazó la entrega de Valtònic fue claro a la hora de enmarcar el caso en un debate sobre la libertad de expresión, según aseguraron a la salida los abogados de Valtònic. Una argumentación que llevó al magistrado a rechazar la extradición por falta de doble incriminación, es decir, porque los hechos por los que fue condenado en el Estado español no están tipificados como delito en Bélgica.

Algo que llevó al abogado de Valtònyc, también miembro del equipo de defensa de los exiliados catalanes, Gonzalo Boye, a reclamar que los tribunales españoles empiecen a «aplicar estándares europeos». «Siempre es tiempo de rectificar, no basta con reducir las penas, basta con que los hechos no sean constitutivos de delito, hablamos de un concepto democrático, la libertad de expresión», declaró al salir de los juzgados Boye, que lleva ya unas cuantas victorias en Europa. A su lado, el abogado belga Paul Bekaert se mostró optimista ante el recurso anunciado por la Fiscalía: «No hay que poner en duda la interpretación de la Justicia belga».