GARA
IRUÑEA

Asociaciones memorialistas vascas, con el Relator de la ONU en Madrid

El Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, el argentino Fabián Salvioli, pasó ayer por Madrid. En el Congreso de los Diputados se reunió con varios grupos, entre ellos PNV y EH Bildu, y fue escuchado también por representantes de asociaciones vascas como la Plataforma de la Querella Argentina, víctimas del 3 de Marzo de Gasteiz y los Sanfermines de 1978, una representación del Ayuntamiento de Iruñea...

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Congreso, Salvioli aseguró que la exhumación de los restos de Franco ya aprobada por el Gobierno Sánchez y validada por el Congreso es «un paso positivo», pero debe ser «continuado» en otras materias, como realizar «reparaciones integrales» a todas las víctimas, «no obstaculizar» las querellas que se están llevando adelante en otros países o cumplir con la obligación de extraditar o juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, entre 1936 y 1975. Impartió además una conferencia sobre la situación de impunidad de los crímenes de la dictadura y de la guerra de 1936 en el Estado español en relación con las directrices que el anterior Relator de la ONU, el colombiano Pablo de Greiff, entregó al Gobierno de Mariano Rajoy hace cuatro años. Salvioli fue tajante al indicar qué es lo que han hecho los sucesivos ejecutivos españoles con esas recomendaciones de Naciones Unidas: «Nada, cero».

Los Caídos de Iruñea

Un concurso de ideas arquitectónicas y un proceso participativo decidirá el futuro del Monumento a los Caídos de Iruñea en un plazo de seis meses, según explicaron ayer el alcalde Joseba Asiron y el concejal de Ciudad Habitable, Joxe Abaurrea. El planteamiento del equipo de gobierno, que todavía deber ser ratificado, deja abierta la puerta tanto al mantenimiento del edificio como a su transformación, eliminación o sustitución por otro nuevo. Las propuestas serán sometidas a la opinión de la ciudadanía y deberán ser compatibles con los requisitos de la memoria histórica.