Los pactos institucionales entre PNV y PSE para controlar las principales instituciones de la CAV son elogiados por sus dirigentes como la mejor fórmula posible, casi la única, para este ciclo político. Pero si se mira al Gobierno de Lakua y al Parlamento de Gasteiz, focos principales, la realidad es muy diferente a la propaganda. A la evidente discrepancia en la ponencia encargada de elaborar un nuevo estatus, donde el PNV no ha pactado las bases con su socio institucional sino con EH Bildu, se suma ahora el choque en la otra gran ponencia, la de Memoria y Convivencia, adelantado la pasada semana por Iñaki Iriondo en NAIZ y confirmado en la reunión de ayer. A ello Idoia Mendia, Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar replicarían probablemente que en todo caso esa entente favorece la estabilidad, pero tampoco eso es cierto: el fracaso presupuestario ha destapado la falsa impresión de que suman mayoría y revelado su incapacidad para buscar socio a la izquierda, tras el descuelgue del PP.

Esta imagen distorsionada tiene otra derivada, que es territorial. Solo desde una miopía vascongadista se puede sostener que no cabe otra suma que esa, porque en Nafarroa se ha demostrado que la equivalente del PNV, Geroa Bai, puede formar alianzas igualmente sólidas y más mayoritarias incluso tanto con EH Bildu como con la izquierda de obediencia estatal representada por Podemos e I-E. Una realidad que se pretende obviar desde Ajuria Enea y Sabin Etxea, pero que está a tiro de piedra.

El pacto PNV-PSE no es lo que parece, es lo que es: en su génesis está el temor de los mandatarios jelkides a explorar el camino que proponía EH Bildu también junto a Elkarrekin Podemos (más ajustado a la realidad sociopolítica del país y también más mayoritario) y está el miedo de los dirigentes del PSE a perder cuotas de poder institucional. Y un acuerdo basado en temores difícilmente va a catalizar energías e impulsar el futuro. En el mejor de los casos será un pacto de partidos, pero no de país.