LAB presentó ayer en Bilbo el Informe de Acción Sindical del presente curso, que «está a punto de finalizar». En la comparecencia de prensa, Xabier Ugartemendia, secretario de acción sindical, y la secretaria general, Garbiñe Aranburu, dieron algunos datos destacados de la lucha laboral de la que la central abertzale ha sido partícipe.

Ugartemendia fue el que ofreció detalles sobre los resultados de la acción sindical o de las negociaciones colectivas, y tal y como se puede observar en el informe completo que publicaron en su web, aumentaron las movilizaciones en este último curso. LAB asegura en ese texto que se «han activado» 133 luchas en los últimos doce meses en Euskal Herria; trece más que el curso anterior.

De esas 133 luchas o protestas, 63 se han saldado con victoria, o así lo considera el propio sindicato cuando afirma que se han cerrado «con resultado». Esa cuantía responde al porcentaje del 47%, por lo que aún están por resolver el 53% de los conflictos (70).

Una de la conclusiones más subrayadas por LAB es que la mayoría de las luchas ha recurrido a parar la jornada (66%) mediante huelgas o paros parciales. Estos últimos se han llevado a cabo en 23 conflictos, mientras que han optado por la huelga 65 empresas o sectores.

Sectorial o empresarial

La diferencia del ámbito también se ve reflejado en este informe. Los trabajadores y trabajadoras se han activado en 19 luchas sectoriales –7 de ellas en ámbitos feminizados– y solo se han cerrado con acuerdo cinco de ellas. Dos de los acuerdos fueron firmados en otros tantos sectores del ámbito de la CAV.

A nivel empresarial, sin embargo, han sido 114 las movilizaciones llevadas a cabo –Bizkaia ha sido el herrialde más activo– y solo el 14% optó por hacer huelga, mientras que la mayoría de los acuerdos (58 en total) se han cerrado en este ámbito.

LAB remarcó que durante este curso han renovado la tabla de reivindicaciones presentada en 2015, denominada “Bostekoa”, por lo que estas series de movilizaciones han tenido como bandera esas cinco medidas «en favor del empleo digno, con la mirada puesta en el mercado de trabajo».

El salario mínimo de 1.200 euros, una jornada laboral de 35 horas acabar con toda discriminación, terminar con cualquier modelo precario, aumentar la prevención y la seguridad laboral y el rechazo a la estatalización son las cinco medidas planteadas. Y, precisamente, esas medidas son la razón por la que la secretaria general de la central, Garbiñe Aranburu, abogó por «articular las diferentes luchas por un modelo económico y social que persiga un reparto más equilibrado de la riqueza y que sitúe en el centro la sostenibilidad de la vida».

Y es que Aranburu puso en duda el discurso que «alimentan la patronal, las instituciones y los principales medios de comunicación» cuando aseguran que «la confrontación es cosa de otros tiempos y que con la colaboración ganamos todos». Ante el incremento de las movilizaciones (10% más que el año pasado en Euskal Herria), aseguró que la clase trabajadora «tiene claro» que hay que organizarse y, por ello, «una mayoría social está luchando en los centros de trabajo y en la calle por un trabajo digno y una vida digna».

«Las trabajadoras y los trabajadores lo que ven en el día a día es un reparto cada vez más desigual de la riqueza, un aumento de las desigualdades sociales, precariedad y pobreza», analizó.

Movilizaciones más generales

Seguir activando luchas en los centros de trabajo y articular las diferentes protestas contra la precariedad son los principales retos que citó Aranburu. Puso en primera línea la lucha de las personas pensionistas, así como la huelga feminista del 8M.

Profundizando en esta idea, concluyó que «junto a la lucha contra la precariedad laboral, hay que ofrecer formas de movilización más generales; de esta manera, damos un impulso a las luchas sindicales de las empresas, a la lucha de las pensionistas y los pensionistas, a la lucha feministas, de los jóvenes, de los migrantes, etc.».